BARCELONA, 16 de noviembre. La Generalitat de Catalunya ha dado un paso significativo en su compromiso con el medio ambiente al incorporar cláusulas ambientales en más de la mitad de los contratos adjudicados en el año 2024. Este porcentaje, que se sitúa en un 52,9%, representa un incremento respecto al 51,9% registrado en el año anterior y marca un nuevo hito en la política de contratación pública de la región.
Durante este año, se formalizaron un total de 16.295 contratos, cuyo valor total asciende a 3.884 millones de euros. De este volumen, el 58,1% incluye cláusulas que promueven prácticas sostenibles, lo que también es un avance considerable, ya que se registra un aumento de 2,5 puntos en relación al 2023, según ha informado el Departament de Economía a través de un comunicado emitido el domingo.
Este logro supera por segundo año consecutivo el objetivo establecido en el Plan de acción de compra pública verde de Catalunya 2022-2025, que ha fijado como meta que al menos el 50% del importe total de los contratos incluya criterios ambientales.
La consellera de Economia y Finances, Alícia Romero, ha resaltado la relevancia de estos resultados, subrayando la firme intención del Govern de seguir apoyando una política de compra pública verde, y ha enfatizado el efecto positivo que la contratación pública tiene en la economía catalana.
Las cláusulas ambientales constituyen criterios específicos incluidos en los pliegos de licitación para fomentar la sostenibilidad y la conservación del medio ambiente. Entre los ejemplos más destacados se incluyen el uso de materiales sostenibles para la confección de uniformes de personal de seguridad, así como la adquisición de productos con certificación ecológica para los servicios de limpieza.
Los contratos de obras son los que más destacan en cuanto a la inclusión de cláusulas ambientales, alcanzando un impresionante 63,8% de los contratos y un notable 81,5% del valor total. Esto refleja una tendencia creciente hacia la construcción sostenible.
Al analizar los diferentes procedimientos de adjudicación, se observa que el 65,7% del valor de los contratos obtenidos mediante el procedimiento abierto incorpora criterios ambientales. Le siguen los contratos formalizados a través de acuerdo marco, con un 45,5%, y los contratos negociados, que representan el 31,3% del total.
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