La Comisión Europea considera que no hay conflictos con la propuesta de ley de amnistía en términos de los principios y normas comunitarias. Según sus primeras impresiones, se han preservado los intereses financieros de la UE y se excluyen los casos de 'lawfare', por lo que entiende que es un asunto interno que corresponde a las autoridades nacionales competentes. No obstante, el texto aún está siendo analizado en profundidad.

Fuentes comunitarias informan que las preocupaciones principales de la Comisión Europea con respecto a la futura ley de amnistía eran su impacto en los intereses financieros de la UE y en el Estado de Derecho, especialmente en el principio de separación de poderes debido a la posibilidad de que abarcara los llamados casos de 'lawfare' o 'guerra judicial'.

No obstante, explican que tras una primera revisión del texto presentado por el PSOE en el Congreso de los Diputados, estas dos preocupaciones han desaparecido porque no se incluyen en la propuesta de ley. Aunque se está llevando a cabo un análisis detallado por parte de los servicios jurídicos, aún no se ha ofrecido una opinión formal.

En el artículo 2 del texto se detallan los casos que se excluyen de la futura amnistía, incluyendo aquellos que afecten a los intereses financieros de la Unión Europea.

En relación con el 'lawfare', aunque no se mencione explícitamente, los actos amnistiados están limitados a los "vinculados directa o indirectamente al denominado proceso independentista", lo que implica delitos como usurpación de funciones públicas, malversación, desobediencia, desórdenes públicos o prevaricación, excluyendo delitos como el blanqueo de capitales, la organización criminal o asociación ilícita, la falsificación documental o los delitos contra la Hacienda Pública.

Las fuentes indican que si la propuesta de ley incluyera alguna referencia al 'lawfare', la Comisión Europea tendría que actuar. Sin embargo, al tratarse únicamente de un acuerdo entre partidos políticos (el firmado por el PSOE y Junts la semana pasada), está fuera del alcance de Bruselas.

En este sentido, advierten que la Comisión Europea no puede convertirse en un "actor político" en los Estados miembros, aunque señalan que el acuerdo político que menciona el 'lawfare' podría tener un desarrollo legislativo en el futuro.

Desde la perspectiva de la Comisión Europea, la propuesta de ley, en su forma actual, es un asunto de ámbito nacional que deberá ser controlado por las autoridades competentes, comenzando por el Parlamento, que debe tramitar y aprobar la ley, y finalizando en el Tribunal Constitucional, que tendrá la última palabra sobre su legalidad.

Las fuentes consultadas precisan que las motivaciones políticas para aprobar una ley de amnistía, ya sea la mencionada necesidad de rebajar la "tensión institucional" o el apoyo de los partidos independentistas para la investidura de Pedro Sánchez, no son relevantes para la Comisión Europea, ya que son los órganos nacionales los encargados de evaluarlas.

Además, descartan cualquier paralelismo con el caso de Rumanía, cuando la Comisión Europea advirtió que tomaría medidas si se aprobaba una ley de amnistía propuesta por el Partido Social Demócrata gobernante para perdonar a su líder, Liviu Dragnea, quien había sido condenado por abuso de poder y fraude electoral. En este caso español, las fuentes señalan que la ley de amnistía no ha llegado a ver la luz y no está diseñada para beneficiar directamente al líder de un partido gobernante.

En cualquier caso, subrayan que para activar el artículo 7 del Tratado de la Unión Europea, que permite suspender los derechos como Estado miembro, se debe producir un incumplimiento sistemático de los principios y normas de la UE, por lo que una única infracción no sería suficiente para ponerlo en marcha, incluso si fuera grave.