Junts se ha movilizado esta semana contra un ambicioso proyecto que busca modificar el régimen fiscal singular relacionado con el juego y el entretenimiento en Cataluña. Este viernes, el partido ha presentado una enmienda a la totalidad dirigida a las dos proposiciones de ley propuestas por ERC y los Comuns, las cuales apuntan a revisar las condiciones fiscales que rodean la llegada del Hard Rock a la región.

La noticia ha cobrado relevancia en el ámbito político catalán, especialmente en un contexto donde la fiscalidad del juego es un tema delicado. Con esta maniobra, Junts no solo busca bloquear el avance de las leyes, sino que también ha decidido llevar su preocupación al Consell de Garanties Estatutàries, argumentando que los cambios planteados podrían derivar en una "inseguridad jurídica" que afectaría tanto a la Generalitat como a la economía local.

Las proposiciones en cuestión tienen como objetivo mantener la alta tasa impositiva actual del 55% sobre los casinos con un importante volumen de negocio, a la vez que buscan suprimir una reducción potencial del impuesto al 10% que se había acordado previamente en 2014. Esta reducción sería efectiva únicamente con la inauguración de las operaciones de juego en el nuevo casino de Vila-Seca y Salou, conocido como Hard Rock.

En el marco de esta controversia, Mònica Sales, portavoz de Junts en el Parlament, ha enfatizado que la iniciativa que ha pasado a trámite esta semana generará consecuencias tanto económicas como sociales en las comarcas del Camp de Tarragona y repercutirá de forma directa en las finanzas de la Generalitat. Sus declaraciones subrayan la preocupación de Junts por los efectos que una rebaja de impuestos en el sector podría tener en el bienestar general de la comunidad.

La crítica de Junts ha resonado durante el debate parlamentario, donde se cuestionó la urgencia y el método de tramitación por lectura única que han utilizado los grupos republicanos y de los Comuns. Para Junts, esta forma de proceder evidencia una intención de "hacer las cosas mal", lo que pone en entredicho el compromiso serio y reflexivo que se espera en la formulación de leyes que afectan profundamente a la sociedad catalana.