Las voces políticas en Catalunya han clamado por un cambio en el enfoque del Gobierno al abordar el nuevo decreto que busca mejorar la resiliencia del suministro eléctrico en la región. Albert Batet, presidente de Junts en el Parlament, junto con Mònica Sales, portavoz del grupo, han instado al presidente de la Generalitat, Salvador Illa, a que reconsidere el texto y priorice el diálogo con los sectores implicados antes de volver a presentarlo.

En una carta dirigida a Illa, los líderes de Junts expresan su preocupación por la falta de consenso y negociación durante la elaboración del decreto, en especial con entidades como la Associació Catalana de Municipis (ACM) y la Federació de Municipis de Catalunya (FMC). Estas organizaciones, según indican, deberían tener la oportunidad de compartir sus preocupaciones y asegurar que el decreto ofrezca garantías adecuadas en temas sensibles como expropiaciones y recaudación de impuestos.

Además, destacaron la importancia de que el sector primario, representado por sus respectivas organizaciones, participe en la discusión sobre temas críticos, incluyendo la protección de terrenos clasificados con alta capacidad agronómica y aspectos de un artículo relacionado con la legislación ágil sobre la crisis climática y las energías renovables.

Desde Junts se solicita al Govern que dedique una semana a dialogar con las partes interesadas para elaborar una nueva versión del decreto que abordase las inquietudes sobre seguridad jurídica y la autonomía de los municipios. Esta versión revisada debería ser presentada en la primera semana de julio para su consideración en el Parlament.

El apoyo de Junts en la Cámara catalana dependerá de la inclusión de sus sugerencias en el texto, lo que podría permitir que el decreto avance sin necesidad de pasar por el proceso completo de proyecto de ley, reflejando así un deseo de acelerar los beneficios de la propuesta legislativa en el contexto energético actual.

Mientras valoran los objetivos de la iniciativa, los líderes de Junts insisten en que la Generalitat debe "rectificar" su enfoque y trabajar hacia un consenso más amplio para abordar este tema crítico que afecta a la sociedad catalana.