En una conferencia de prensa celebrada en el Parlament, Salvador Vergés, portavoz de Junts, dio a conocer un informe jurídico que respalda la posibilidad de que la Generalitat ponga fin al contrato con Renfe para la gestión del servicio de Rodalies. Vergés argumenta que Renfe ha incurrido en incumplimientos reiterados de sus obligaciones contractuales, lo que abre la puerta a una posible rescisión.

Durante su intervención, el portavoz subrayó que la Generalitat no solo puede rescindir el contrato por los incumplimientos señalados, sino que también tiene la facultad legal de transferir la gestión de Rodalies a Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) mediante adjudicación directa o a través de un proceso de licitación pública.

"La decisión de seguir confiando en Renfe para la operación de Rodalies es puramente política. No hay ningún obstáculo legal para avanzar en este cambio", enfatizó Vergés, describiendo la posible rescisión no como un simple traspaso, sino como un "contraataque" en defensa de los derechos de los usuarios.

El portavoz detalló que el informe indica que, dada la situación actual, la Generalitat tiene las competencias necesarias para rescindir el contrato con Renfe mediante un procedimiento administrativo adecuado, debido al incumplimiento de las obligaciones contractuales fundamentales.

Vergés argumentó que las estadísticas de incidentes en la red durante el año 2025 demuestran que Renfe ha fallado en cumplir con sus responsabilidades, y estos problemas no pueden ser justificables por circunstancias externas, sino que reflejan una falta de calidad en el servicio.

Destacó que, aunque algunas incidencias son atribuibles a Adif, es responsabilidad de Renfe proporcionar información oportuna sobre retrasos y cancelaciones, así como ofrecer asistencia a los viajeros, algo que, según su opinión, no ha estado ocurriendo en los últimos años.

El portavoz aclara que su petición se enfoca en rescindir el contrato con Renfe y no con Adif, argumentando que Renfe es la operadora del servicio, mientras que Adif es responsable de la infraestructura. También se plantea la necesidad de transferir estos activos a la Generalitat.

Para llevar a cabo la rescisión, el informe estipula que se debe abrir un expediente informativo, que podría incluir penalizaciones y un proceso gradual de cambio, así como medidas temporales mientras se formaliza el nuevo acuerdo con otra operadora.

El procedimiento incluiría un periodo para que Renfe presente su defensa, seguido de una decisión motivada que explique las razones detrás de la terminación del contrato, incluyendo los posibles efectos económicos de esta acción.

A pesar de los planes de rescisión, Vergés aseguró que Renfe debería garantizar el funcionamiento continuo del servicio hasta que una nueva operadora asuma la gestión: "Es un hecho claro que Renfe no puede abandonar a los usuarios en este proceso".

Además, explicó que tras finalizar su operación, Renfe no podría retirar los activos utilizados para el servicio, dado que estos pertenecen al contexto del servicio de Rodalies, no a la empresa misma.

El informe encargado por Junts sugiere que FGC podría asumir la gestión de Rodalies a través de un contrato directo o un concurso, citando ejemplos de líneas específicas que ya están operadas por esta entidad, añadiendo que se establecería un periodo de transición bajo vigilancia de la Generalitat.

Sin embargo, Vergés fue realista y reconoció que la simple modificación de la operadora no resolvería de inmediato los problemas existentes: "No estamos simplemente cambiando de operador; estamos enfrentando un sistema que requiere atención urgente".

Acerca del tiempo que llevaría implementar la rescisión y el cambio de operador, indicó que podría llevar a cabo en esta legislatura, sugiriendo un horizonte temporal de uno a dos años para completar el proceso.

Vergés apuntó que los líderes de FGC han expresado su disposición para asumir la gestión, lo que podría facilitar la transición una vez se apruebe la medida en el Parlament.

El asunto será presentado formalmente en una moción durante el próximo Pleno del Parlament, y el portavoz hizo un llamado al PSC para que apoye la iniciativa: "Estamos a la espera de ver si el PSC prioriza a los usuarios sobre los intereses de Renfe".

Sobre las implicaciones laborales que podría generar un cambio de operadora, Vergés comentó que, aunque podría haber desafíos, confía en que alguna solución sería posible para resolver cualquier conflicto que pudiera surgir.

Adicionalmente, mencionó que la situación actual del servicio podría ahuyentar a posibles concursantes, sugiriendo que es imperativo también traspasar la infraestructura y recursos necesarios para realizar las mejoras fundamentales, destacando que FGC sería un candidato idóneo para esto.

Por último, Vergés concluyó señalando que el traspaso de infraestructura es un aspecto que sus representantes seguirán exigiendo en el Congreso, ya que el acuerdo de Bruselas que facilitó la investidura del presidente Pedro Sánchez también aborda la mejora del autogobierno.