BARCELONA, 12 de noviembre.

En un giro significativo en el ámbito judicial y político, las defensas del exvicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, y de los exconsellers Dolors Bassa y Raül Romeva han decidido llevar su lucha hasta el Tribunal Constitucional (TC). Han presentado un recurso solicitando amparo ante la no aplicación de la Ley de Amnistía en relación con la condena por malversación que aún pesa sobre ellos, según un comunicado emitido por el partido.

Además de esta solicitud, también han solicitado el levantamiento cautelar de la inhabilitación que les impide ejercer cargos públicos, lo que representa un punto clave en su estrategia legal. Este movimiento pone de relieve la lucha continua por sus derechos como políticos y destaca las tensiones que persisten en el sistema judicial español.

Los abogados de los acusados han manifestado su crítica hacia la actuación del Tribunal Supremo (TS), argumentando que su decisión no solo se aparta del principio de legalidad, sino que también tiene consecuencias devastadoras sobre los derechos de Junqueras, Bassa y Romeva. A su juicio, es solo el legislador democrático quien tiene la autoridad legítima para establecer leyes, y no corresponde a los jueces interpretar las normas de manera que afecte de manera tan drástica a los derechos fundamentales de los ciudadanos.

Subrayando su posición, han enfatizado que ninguna interpretación legal debería llevar a la derogación de la misma, haciendo referencia al voto de una magistrada del TS que, según ellos, refuerza esta postura. Esta crítica a la interpretación judicial resuena ampliamente en un contexto donde la separación de poderes y la protección de derechos democráticos están bajo un análisis exhaustivo.

En este contexto, también han solicitado medidas cautelares específicas que permitan el levantamiento inmediato de la pena de inhabilitación. La defensa de Junqueras y Romeva, liderada por el abogado Andrey Van den Eynde, ha expresado su descontento al afirmar que el TS parece tener la firme intención de mantener la inhabilitación “a toda costa”. Mientras tanto, el equipo legal de Bassa, dirigido por Mariano Bergés, ha denunciado que la interpretación forzada hecha por el TS obstaculiza gravemente el derecho de la exconsellera a participar activamente en la vida política del país.