BARCELONA, 11 de diciembre.

En una comparecencia ante el Parlament este jueves, el magistrado Josep Tomàs Salàs presentó su candidatura para dirigir la Oficina Antifrau de Catalunya (OAC), enfatizando su compromiso con la imparcialidad política y la lealtad a las instituciones.

Salàs, que compareció ante la Comisión de Asuntos Institucionales, subrayó su intención de continuar con el desarrollo de la OAC, al tiempo que aboga por un fortalecimiento tanto funcional como tecnológico de la entidad.

El candidato destacó la importancia de priorizar las funciones de prevención y protección de los denunciantes, señalando que, aunque las investigaciones son cruciales, es esencial que la OAC asuma las competencias exclusivas en estas áreas, puesto que ningún otro organismo está obligado a hacerlo.

En este contexto, hizo hincapié en la necesidad de crear legislación específica que detalle de manera clara las medidas de apoyo y protección para los alertadores.

Asimismo, Salàs respondió a la creciente demanda social de combatir la corrupción, proponiendo la apertura de la OAC hacia la colaboración con ayuntamientos y universidades.

El magistrado añadió que la oficina debe seguir formando parte de una red más amplia de organizaciones antiblanqueo, tanto a nivel catalán, estatal como internacional, resaltando el papel de la OAC como referencia en el ámbito.

Designado por el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, Salàs podría asumir el cargo si recibe el respaldo del Parlament en la próxima sesión plenaria, reemplazando a Miguel Ángel Gimeno, cuyo mandato concluyó en septiembre.

Sin embargo, la elección ha suscitado tensiones, ya que Junts, PP, Vox y la CUP han manifestado su descontento ante lo que consideran una falta de consenso en el proceso.

El magistrado respondió a estas críticas reconociendo las inquietudes, pero defendiendo el procedimiento de su nombramiento como legal y adecuado, enfatizando su disposición a comparecer en futuras sesiones si los grupos lo requieren.

Glòria Freixa, diputada de Junts, expresó que su partido debería haber sido consultado, sugiriendo que el nombramiento de Salàs debería posponerse hasta alcanzar un acuerdo político previo.

Por su parte, Juan Fernández, portavoz del PP, lamentó la carencia de consenso, aunque buscó mantenerse constructivo durante el proceso, elogiando la experiencia profesional de Salàs.

Joan Garriga de Vox también criticó la falta de diálogo previo, señalando que el PSC frecuentemente evita consultas con otras formaciones.

Dani Cornellà, de la CUP, argumentó que el proceso de selección fue inadecuado y abogó por reformar la ley de la OAC para garantizar que el director sea elegido por un comité independiente, en lugar de ser designado directamente.

Ivana Martínez, diputada del PSC, se centró en la temática de los denunciantes, apoyando un consenso necesario para implementar la ley que asegure su protección.

Marta Vilalta de ERC instó al magistrado a asegurarse de que su deseo de ejercer el cargo con discreción no se interpretara como una falta de disposición para abordar problemas que podrían incomodar, acentuando la necesidad de generar confianza y transparencia en la institución.

Lluís Mijoler, de los Comuns, concluyó apuntando que la OAC debe servir como un modelo de neutralidad, donde las investigaciones se realicen basándose en criterios técnicos y legales, alejadas de cualquier influencia política o personal.

Finalmente, cabe destacar que las diputadas de Aliança Catalana no asistieron a la sesión de la comisión.