En la ciudad de Barcelona, la portavoz de BComú, Janet Sanz, ha denunciado las sentencias en contra de los ejes verdes de las calles Rocafort y Comte Borrell, sumándose a la de Consell de Cent en el distrito del Eixample. Para Sanz, estas decisiones judiciales son un claro ejemplo de lawfare, una práctica utilizada de forma frecuente en la ciudad en contra de políticas que son beneficiosas y necesarias.

En un comunicado emitido este lunes, Sanz ha argumentado que no era necesario un cambio de calificación urbanística para llevar a cabo estas actuaciones, como se menciona en una de las sentencias, que indica que el Ayuntamiento debería haber realizado una Modificación del Plan General Metropolitano (MPGM).

La ex teniente de alcalde de Urbanismo ha afirmado que la Generalitat respaldó esta política y cuentan con un informe que especifica que no se requiere un cambio de calificación ya que se trata de una reorganización que no prohíbe el tránsito.

"Es evidente: los vehículos siguen circulando, a una velocidad más reducida, y continúan las actividades de carga y descarga", ha declarado Sanz, enfatizando que se respeta la legalidad en todo momento.

Sanz defiende que este enfoque es lógico para la ciudadanía y urge a continuar impulsando este tipo de iniciativas: "El plan original presentado por BComú en el mandato anterior incluía 21 ejes. Debemos seguir adelante, no podemos perder otros cuatro años sin hacer nada y descuidar la urgencia de la crisis climática."

Tras las sentencias, el gobierno actual liderado por Jaume Collboni (PSC) ha descartado replicar el modelo de ejes verdes del Eixample en otros distritos de la ciudad debido a sus "costes y dinámicas de convivencia".

El gobierno municipal sostiene la legalidad de las actuaciones, pero considera que no es viable mantener el mismo modelo, ya que "no es aplicable de manera generalizada en el Eixample, ni por su impacto en la movilidad ni por la gestión del espacio público", según informan fuentes municipales a Europa Press.