24h Cataluña.

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Inmobiliarias solicitan colaboración público-privada para aumentar oferta de vivienda.

Inmobiliarias solicitan colaboración público-privada para aumentar oferta de vivienda.

El sector inmobiliario ha exigido al próximo Govern de la Generalitat que adopte medidas para incrementar la disponibilidad de viviendas y fomente la colaboración público-privada; asegure la estabilidad jurídica y evite la sobre-regulación, y aborde el problema de las ocupaciones.

En declaraciones a Europa Press, el presidente de la Associació de Promotors de Catalunya (Apce), Xavier Vilajoana; el CEO de Anticipa Real Estate y Aliseda Inmobiliaria, Eduard Mendiluce; la directora de estudios y portavoz de Fotocasa, María Matos, y la presidenta de la Asociación de propietarios de Viviendas en Alquiler (Asval), Helena Beunza, han coincidido en la necesidad de estas acciones.

Vilajoana ha pedido la flexibilización de la normativa urbanística, la creación de un pacto entre la Generalitat, los ayuntamientos y los promotores públicos y privados para desarrollar viviendas en venta y alquiler bajo un marco estable y seguro para los inversores, agilizar los procesos de obtención de licencias de edificación y urbanísticos, y movilizar suelo para viviendas de protección oficial y equipamientos.

En relación a las ocupaciones, ha solicitado una normativa rápida y efectiva en casos de viviendas ocupadas sin permiso, que incluya a entidades jurídicas y que no ampare situaciones de ilegalidad como las que se dan en Catalunya.

Por su parte, Mendiluce ha destacado la necesidad de aumentar la oferta de viviendas y garantizar el acceso a los más vulnerables, pero reconoce que el sector público carece de recursos para lograrlo. Propone establecer relaciones estables y acuerdos público-privados, e implementar un programa de incentivos para propietarios de viviendas vacías y un programa de concesión a largo plazo sobre suelo privado para alquiler asequible con reversión a la Administración.

Ha señalado que tanto el FMI como el Banco de España respaldan el fomento de la oferta de viviendas, dejando de lado medidas intervencionistas como los controles de precios incluidos en la Ley de Vivienda.

En cuanto a las ocupaciones, considera que Catalunya es una anomalía en Europa al obligar a alquileres sociales para personas que no han demostrado su vulnerabilidad, lo que genera inseguridad jurídica y la retirada de viviendas del mercado. Propone una colaboración público-privada para regularizar la situación de familias vulnerables que ocupan viviendas, junto con un endurecimiento de las penas en el Código Penal.

Matos destaca que actualmente es muy difícil económicamente comprar o alquilar en Catalunya, por lo que aboga por equilibrar los precios, construir más viviendas asequibles en colaboración público-privada, y consensuar una normativa que brinde estabilidad al mercado inmobiliario.

Advierte que la oferta de viviendas no aumentará a corto plazo, y que Barcelona tiene más oferta de habitaciones compartidas que de viviendas completas en alquiler. También alerta sobre la disminución de la oferta de alquiler, el aumento de precios en la compra y la paralización de inversiones en el sector.

Beunza destaca la importancia de aumentar la oferta de viviendas, especialmente las sociales y asequibles, pero lamenta que las políticas públicas no promuevan esta acción. Pide más inversión pública y programas de colaboración público-privada para movilizar viviendas ya existentes y suelo privado con el fin de ampliar la oferta.

Considera que la sobrerregulación es una de las principales causas de la dificultad para acceder a viviendas, y aboga por una regulación equilibrada, basada en datos realistas. Critica la falta de diálogo en la implementación de medidas como la ampliación de la contención de precios en los alquileres, y reprocha a la Administración catalana su permisividad con las ocupaciones.

En resumen, el sector inmobiliario progresista está exigiendo al próximo Govern de la Generalitat medidas claras y efectivas para aumentar la oferta de viviendas, asegurar la estabilidad jurídica y hacer frente a las ocupaciones ilegales en Catalunya.