Un llamado contundente surge desde cinco organizaciones referentes en la lucha por los derechos sociales: la necesidad de integrar el origen en el análisis de la vulnerabilidad social se hace cada vez más evidente.

En una reciente presentación en Barcelona, se reveló que la mujer migrante enfrenta una discriminación dual, que la coloca en una situación de desventaja significativa al momento de acceder a vivienda y recursos esenciales. Según los datos, un alarmante 52,5% de estas mujeres experimentan dificultades comparado con solo el 9,1% de sus contrapartes masculinos.

El informe titulado 'Inseguretat residencial al món local: Discriminacions a Barcelona i el seu impacte sobre la Salut', fue presentado el pasado jueves por Enginyeria Sense Fronteres, Observatori DESCA, la PAH de Barcelona, Aliança contra la Pobresa Energètica (APE) y la Agència de Salut Pública de Barcelona. Este documento busca visibilizar la intersección entre género y migraciones en el contexto de la crisis habitacional y la pobreza energética.

A través de testimonios de mujeres que participan en la PAH y la APE, se destacan las realidades de un grupo predominante de encuestadas que son en su mayoría mujeres (71%) y provienen de países de renta media y baja (43,2%). Esto subraya la urgencia de considerar tanto el género como el origen en el análisis de la vulnerabilidad social, argumentan los autores del informe.

El estudio revela que las familias más afectadas suelen ser monomarentales, aunque también se registran casos de mujeres solas y parejas con hijos que enfrentan una discriminación exacerbada. Este grupo manifiesta una notable incidencia de racismo, lo que empeora su capacidad para acceder a vivienda y suministros básicos, reflejado en el ya mencionado 52,5% frente al 9,1% de los hombres.

Los expertos advierten que esta doble vulnerabilidad —por género y por origen— requiere un enfoque especial dentro de las políticas públicas. Además, subrayan que es crucial adoptar estrategias diferenciadas en los ámbitos laboral y social, dado que las mujeres provenientes de países de renta baja son particularmente propensas a la precariedad en el empleo, mientras que quienes vienen de países de renta alta suelen sufrir las consecuencias de pensiones insuficientes.

Asimismo, se señala que las familias de países de renta baja, especialmente aquellas encabezadas por una sola madre, se encuentran en un estado crítico, enfrentando un alto riesgo de endeudamiento y cortes en los suministros. Este escenario no solo es insostenible, sino que pone en peligro el bienestar de los niños en estas unidades familiares.

El informe propone una serie de intervenciones que incluyen aumentar el número de viviendas sociales y dar prioridad al acceso de colectivos vulnerables. También aboga por flexibilizar los criterios administrativos de acceso, implementar contadores sociales y ampliar el bono social que asegure el acceso a la energía; Asimismo, enfatiza la necesidad de apoyo psicológico, así como políticas específicas de protección para madres monoparentales y mujeres que sufren discriminación.

Concluyendo su análisis, los autores subrayan la importancia de adoptar un enfoque integral en las políticas públicas para garantizar el derecho a la vivienda y combatir las desigualdades estructurales. Esto requiere no solo atender las necesidades inmediatas de las personas afectadas, sino también promover cambios sistémicos que reduzcan la discriminación y fomenten la inclusión social.

Destacan que este enfoque debe ser multidimensional, reconociendo las intersecciones entre género, origen y otros factores que contribuyen a la vulnerabilidad. Sin duda, un paso necesario para construir sociedades más justas e inclusivas.