BARCELONA, 8 de noviembre.

La Fiscalía Provincial de Barcelona ha hecho un llamado contundente a la Agència de l'Habitatge de Catalunya para que tome medidas contra una empresa involucrada en el arrendamiento de 18 infraviviendas en Badalona. Esta información fue compartida por Paloma Pelegrín, fiscal de consumo, durante una rueda de prensa.

Según Pelegrín, la intervención se llevó a cabo tras una denuncia realizada por el Ayuntamiento de Badalona, lo que llevó a la orden judicial para desalojar estas viviendas de apenas 15 metros cuadrados, donde diversas familias —algunas con niños— estaban viviendo en condiciones inaceptables.

La fiscal ha lamentado que el Ayuntamiento no solo fuera responsable de ofrecer alternativas habitacionales a estas familias, sino que también se solicitó a la Agència Catalana del Consum que impusiera sanciones a la empresa arrendataria. Sin embargo, la falta de respuesta efectiva por parte de esta última ha llevado al Ministerio Público a reiterar la solicitud a la Agència de l'Habitatge, con un nuevo requerimiento realizado hace dos semanas.

El desalojo, que se ejecutó en octubre de 2024, reveló que en un local en la calle Sant Joan de la Creu, en el barrio de Sant Crist, se habían construido de forma ilegal estas 18 infraviviendas, las cuales se alquilaban a precios exorbitantes que oscilaban entre 350 y 650 euros mensuales.

La fiscal ha confirmado que estos espacios carecían de ventanas y ventilación, no cumplían con la normativa de construcción y presentaban graves deficiencias en las medidas de evacuación, instalación eléctrica y sistemas antiincendios, lo que representa un riesgo terrible para la seguridad de los ocupantes.

El Ayuntamiento reportó que entre 25 y 30 personas vivían en estas condiciones lamentables. Los hechos fueron denunciados inicialmente por un particular, quien alertó al consistorio sobre las posibles obras ilegales y divisiones no autorizadas dentro del local.

Tras recibir esta información, la Guàrdia Urbana de Badalona realizó una inspección que reveló la presencia de personas viviendo en condiciones deplorables y estableció que el propietario del local era un individuo que poseía varias propiedades en la ciudad, quien había arrendado las infraviviendas de manera ilegal a través de un agente inmobiliario.

El Ayuntamiento de Badalona ha prometido actuar con rigor contra tanto el propietario como la empresa comercializadora y advirtió que las multas por esta actividad ilegal pueden ascender a entre 10 y 15 millones de euros, enfatizando la necesidad de erradicar prácticas abusivas en el mercado de la vivienda.