BARCELONA, 15 de diciembre.

En un importante pronunciamiento, la Fiscalía de Barcelona ha instado a los notarios a que detengan cualquier trámite hasta que resuelvan dudas sobre la capacidad mental de las personas que se presentan ante ellos para formalizar actos jurídicos significativos, como la firma de contratos de venta. Esto se aplica especialmente a aquellos que llegan acompañados por un tercero y cuando existan sospechas de que han sido indebidamente influenciados.

Durante una reciente rueda de prensa, Antoni Torres, fiscal delegado especializado en la provisión de medidas de apoyo para personas con discapacidad y ancianos, destacó que semanalmente reciben informes sobre casos que apuntan a la "despatrimonialización" de individuos en situación de vulnerabilidad, con énfasis en las personas mayores que presentan deterioro cognitivo.

Un patrón común en estas situaciones es que los ancianos, al buscar "ayuda" de amigos, vecinos o familiares, terminan delegando la gestión de sus bienes y pensiones en quienes abusan de su confianza. Este fenómeno es particularmente alarmante en residencias de mayores, donde los cuidadores también pueden notar tales irregularidades.

Las alertas hacia la Fiscalía pueden originarse de diversas fuentes, incluyendo los Servicios Sociales o personal de geriátricos, quienes informan sobre situaciones inusuales, como el regreso de un anciano que ha mencionado una visita a un notario o a una institución financiera.

La sección dirigida por Torres, que se centra en el ámbito civil, se ocupa de garantizar que las personas afectadas reciban de inmediato el apoyo de un defensor judicial. Normalmente, se designa a una fundación que se encarga de la administración y evaluación de los bienes del indefenso.

En caso de existir indicios de delito, esta información se remite a la sección de la Fiscalía responsable de la tutela y protección de víctimas en el marco penal, que se encarga de iniciar las investigaciones necesarias.

Destacadamente, el 65% de las víctimas atendidas por esta sección son personas mayores, la mayoría de las veces por delitos de estafa y apropiación indebida, quienes incluso pueden sufrir agresiones físicas por parte de sus propios familiares.

La fiscal Silvia Armero, especialista en la protección de víctimas dentro del proceso penal, enfatizó que aunque los ancianos tienen derecho a manejar su dinero como deseen, no se puede ignorar que muchos de ellos han perdido su capacidad para tomar decisiones informadas y entender las transacciones que están realizando.

Por ello, Torres hace un llamado a los notarios para que, ante cualquier indicio de incapacidad, notifiquen a la Fiscalía. Señala que en los últimos dos años solo se han registrado dos avisos por sospechas de engaño en este tipo de situaciones, lo que subraya la necesidad de una mayor vigilancia y acción proactiva por parte de estos profesionales.