Los delitos de odio en España han experimentado un preocupante aumento, pasando de 1.869 en 2022 a 2.268 en 2023.
BARCELONA, 27 Oct.
María Jesús Raimundo, Fiscal Adscrita a la Unidad contra los Delitos de Odio y Discriminación de la Fiscalía General del Estado, ha hecho sonar la alarma sobre la peligrosa tendencia de relacionar la delincuencia con la migración. En una entrevista con Europa Press, Raimundo expresó la preocupación de la Fiscalía sobre este tema.
La fiscal alertó sobre casos recientes de menores que han sido víctimas de delitos de odio en redes sociales, simplemente por ser menores sin referentes familiares o menores no acompañados que han llegado a España como migrantes y a los que se les ha atribuido injustamente la responsabilidad penal de un crimen cometido por otra persona.
Hizo referencia al crimen de un menor en Mocejón (Toledo) en agosto de 2024, y al asesinato de una comerciante un mes antes en la plaza Tirso de Molina de Madrid; en ambos casos, se difundió un "bulo" en Internet señalando a menores no acompañados como autores de estos hechos.
Raimundo subrayó la importancia de brindar una protección especial a los menores debido a su vulnerabilidad, independientemente de su origen nacional, y confirmó que se han abierto diligencias en ambos casos para investigar estos hechos.
La fiscal participó en el 2º Congreso Internacional de Aporofobia celebrado en Barcelona, donde destacó que el Ministerio Público no hace distinciones al asistir a las víctimas, asegurando que todos los menores merecen protección frente a los delitos de odio.
Según Raimundo, la línea entre un delito de odio y la libertad de expresión es difusa, y explicó que no todos los insultos o descalificaciones hacia colectivos vulnerables son considerados delictivos. En este sentido, indicó que el discurso de odio implica incitación a la violencia contra un grupo específico.
Los delitos de odio más comunes incluyen el discurso de odio y la lesión a la dignidad, que consisten en menospreciar o humillar a una persona por su raza, origen nacional, religión u otro factor. Para determinar si un discurso es protegido por la libertad de expresión, la Fiscalía y los cuerpos policiales se rigen por el Plan de Acción de Rabat, que evalúa varios parámetros.
La fiscal hizo un llamado a la responsabilidad de los políticos en sus mensajes, recordando que la libertad de expresión tiene límites y que cualquier discurso que incite al odio o la discriminación debe ser investigado. Hizo referencia a un caso en el que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos avaló la condena de un político por comentarios discriminatorios en redes sociales.
La fiscal también alertó sobre la infraconfianza y la infradetección en los casos de delitos de odio, denotando la complejidad de dimensionar estos datos. A pesar de los desafíos, mostró confianza en el trabajo conjunto de las instituciones para proteger a las víctimas y prevenir estos delitos.
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