Trabajamos por la libertad de la gente y para evitar abusos

BARCELONA, 31 Mar.

El fiscal delegado en la provincia de Barcelona para la protección de personas mayores y con discapacidad, Antoni Torres, ha denunciado la precariedad de medios con la que cuentan para llevar a cabo su labor.

En una entrevista con Europa Press, Torres ha señalado los retos derivados de la ley de 2021 que eliminó la incapacidad asociada al tutor a favor de la figura del asistente, lo que obligó a revisar todas las sentencias de incapacitación previas en un plazo de tres años.

Este plazo está a punto de vencer este año y Torres advierte que será complicado cumplir con la revisión de miles de casos en Barcelona, donde un solo juzgado especializado tiene cerca de 10.000 expedientes pendientes.

"El trabajo es abrumador, todos lo reconocen. Esta ley requiere de muchos recursos, que se van asignando poco a poco, pero todavía no son suficientes", ha afirmado Torres, quien destaca la necesidad de adaptarse a la Convención de la ONU sobre los derechos de las personas con discapacidad.

Con más de 11 años en Barcelona y especializado en protección a personas mayores y con discapacidad, Torres destaca la importancia de evitar que terceras personas tomen decisiones en nombre de estas personas vulnerables.

Además de la revisión de incapacitaciones, el trabajo incluye la protección de patrimonios y el seguimiento de residencias, donde ahora el foco está en garantizar que las medidas como las contenciones se realicen de manera adecuada.

"Los abusos patrimoniales, estafas y fraudes a personas mayores que confían en otros son una realidad que intentamos prevenir", señala Torres, quien destaca que la última reforma legal busca intervenir lo menos posible en la vida de las personas.

A pesar de recibir denuncias de posibles abusos, Torres destaca que cada individuo tiene derecho a decidir sobre su vida y su dinero si está en plenas facultades. La intervención solo es necesaria en casos en los que la persona no pueda decidir por sí misma.

"Nos movemos entre la autonomía y la libertad de las personas, evitando los abusos hacia aquellos que, debido a su deterioro cognitivo, no pueden comprender la realidad", subraya Torres, quien defiende los derechos de las personas a tomar decisiones sobre su vida.

En situaciones donde se demuestra la incapacidad de decidir, se designa un defensor judicial para administrar las cuentas del afectado. A pesar de las críticas, Torres destaca la importancia de proteger a quienes no pueden protegerse a sí mismos.