El TSJC impone la ejecución de la sentencia que revoca aspectos del decreto sobre el catalán en la educación.

BARCELONA, 30 de marzo.

El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha tomado la decisión de ejecutar de manera provisional la sentencia que anula parcialmente el Decreto 91/2024, que regula el régimen lingüístico en el sistema educativo de la comunidad. Esta medida fue confirmada por fuentes de Europa Press.

La resolución del TSJC, que responde en parte a una apelación presentada por la Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB), significa que los artículos del Decreto que han sido anulados total o parcialmente no podrán aplicarse mientras el Tribunal Supremo sigue revisando los recursos interpuestos.

De hecho, en septiembre del año pasado, el TSJC ya había declarado nulos varios artículos de este decreto, que había sido promulgado por el Govern en mayo de 2024 con el objetivo de garantizar la seguridad jurídica de los proyectos lingüísticos en las escuelas y proteger el uso del catalán como lengua principal, argumentando que contravenía la Constitución en varios de sus artículos.

Entre los artículos que quedaron sin validez están aquellos que se refieren a las finalidades del proyecto lingüístico, el uso de las lenguas en el aula y la atención al alumnado recién llegado, lo que afecta de manera directa a la implementación de políticas educativas inclusivas y plurilingües.

La AEB ha solicitado al Departamento de Educación que actúe de inmediato para cumplir con esta ejecución provisional, lo que implicaría una revisión de los proyectos lingüísticos en múltiples centros educativos. La AEB subraya que, tras esta decisión judicial, ninguna acción sancionadora se puede llevar a cabo contra docentes o estudiantes por el uso del castellano en el entorno escolar: "Cualquier intento de sanción carecería de sustento legal, dado que se basaría en normativas que han sido anuladas".

Además, la AEB ha comenzado a ofrecer apoyo legal a los profesores que han enfrentado expedientes o sanciones por utilizar el castellano en sus clases y en la distribución de materiales educativos, un gesto que pone de manifiesto la lucha por una educación más equitativa y por la defensa de los derechos lingüísticos en el aula.