El Tribunal Supremo (TS) ha ratificado la sentencia que condenó en octubre de 2020 a una trama de falsos contratos en el barrio de La Mina de Sant Adrià de Besòs (Barcelona). Esta trama consistía en fingir contratos con una empresa de vigilancia que nunca estuvo operativa, mientras que en realidad los trabajos eran realizados y cobrados por el clan familiar conocido como 'Los Manolos'. Todo esto contaba con el visto bueno del entonces segundo teniente de alcalde, Juan Carlos Ramos, quien ahora ha sido inhabilitado.

La sentencia, consultada por Europa Press, respalda la decisión de la Audiencia de Barcelona, que condenó a los cuatro implicados por cometer un delito de prevaricación administrativa en 2016.

De esta forma, el TS ha rechazado los recursos presentados por dos de los acusados, incluyendo al exedil, y ha confirmado la pena de inhabilitación para los cuatro involucrados.

Durante el juicio, dos de los acusados, Ángel Amaya, conocido como Tío Cristina, y José Fernández Franco, titular de la empresa adjudicataria del servicio previo, admitieron los hechos. El último explicó que no pudo volver a presentarse al concurso público debido a impagos con Hacienda.

La sentencia considera probado que acordaron una comisión para José Fernández Franco, quien contrató al administrador de la nueva empresa adjudicataria a cambio de una comisión compartida con Amaya, quien en realidad realizaba el trabajo.

En consecuencia, la empresa Visegurity recibía los pagos directos del Consorcio del Barrio de La Mina a través de transferencias bancarias periódicas. A su vez, la empresa realizaba transferencias a las compañías administradas por José Fernández Franco, quien había sido el adjudicatario anterior, sumando un total de 41.058 euros reenviados mediante este sistema.

Por otro lado, José Fernández Franco retiraba parte del dinero en efectivo, un total de 27.400 euros, y entregaba una parte a Amaya. Esto ocurría en al menos cuatro ocasiones, en las cuales se producían dos encuentros diferenciados. En primer lugar, José Fernández Franco quedaba con el concejal Juan Carlos Ramos y le entregaba un sobre con una parte del dinero en efectivo recibido de Visegurity. Después, el concejal se reunía con Amaya y le entregaba la misma cantidad de dinero.

La inhabilitación impuesta al exconcejal, responsable del delito, es de nueve años, mientras que la del administrador de Visegurity, considerado cómplice necesario, es de siete años.

Tanto Amaya como José Fernández Franco fueron considerados cómplices necesarios y su confesión fue tomada en cuenta como una circunstancia atenuante. Por lo tanto, su inhabilitación es de dos años y tres meses.