24h Cataluña.

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El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña resuelve que la Generalitat está obligada a abonar a Renfe una deuda de 81 millones de euros.

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña resuelve que la Generalitat está obligada a abonar a Renfe una deuda de 81 millones de euros.

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha emitido una sentencia en la que condena a la Generalitat a pagar una deuda de 81 millones de euros a Renfe por los servicios prestados en Rodalies entre 2016 y 2019, según se ha conocido este miércoles. La Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJC ha resuelto a favor de Renfe, que presentó un recurso en 2021 contra la Consejería de Territorio y Sostenibilidad por su negativa a abonar los créditos pendientes, y ahora el Govern deberá pagar 80.926.248 euros más los intereses de demora.

El tribunal ha incluido en la cifra los incrementos por cánones ferroviarios y corresponde a la reclamación presentada por Renfe por el Plan de Acción 2016-2019. La Generalitat se opuso argumentando que es la Administración General del Estado (AGE) la responsable de realizar el pago. Sin embargo, el tribunal ha determinado que la Generalitat es la competente en el Plan de Acción y que los servicios de Renfe fueron prestados sin ninguna objeción por parte del Govern. Por lo tanto, cualquier conflicto entre la Generalitat y la AGE debe ser resuelto en un ámbito diferente al judicial.

El tribunal señala que "el compromiso de pago no solo está reconocido, sino que además no se puede alegar un conflicto con la Administración General del Estado en relación a las transferencias de recursos, un conflicto en el que Renfe Viajeros SA, la demandante en este proceso, no está involucrada". Además, añade que respecto a la deuda, "existe un reconocimiento tácito cuando la prestación del servicio, de acuerdo con el Plan de Acción, es realizada por Renfe-Viajeros sin ninguna oposición por parte de la Administración gestora del servicio en los términos establecidos".

La sala también ha condenado a la Consejería a pagar las costas del proceso, con un límite de 3.000 euros. Cabe destacar que esta sentencia puede ser recurrida en casación.