En un análisis detallado realizado por la Sindicatura de Greuges, se han evidenciado tanto los avances como las carencias en el ámbito del buen gobierno y la participación ciudadana, en el marco del informe anual sobre transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. Este resumen corresponde a los años 2022 y 2023, y resalta la importancia de la Ley 19/2014, que ha sido fundamental para promover la transparencia, aunque los expertos coinciden en que aún hay un amplio "margen de mejora".

El octavo informe, publicado recientemente, ha evaluado por primera vez todos los aspectos estipulados por la mencionada ley. A pesar de los progresos evidentes en la publicidad activa y en el derecho de acceso a la información pública, se subraya que las áreas de buen gobierno, gobierno abierto y los mecanismos de participación necesitan una atención urgente y una actualización significativa.

Uno de los hallazgos más preocupantes del informe es la escasa cantidad de unidades de información dedicadas a la coordinación y el asesoramiento a la ciudadanía. Con frecuencia, se observó que estos sectores no cuentan con los recursos necesarios ni con la formación adecuada para operar de manera eficaz. Esto sugiere que la administración puede estar fallando en brindar a los ciudadanos el apoyo que requieren para ejercer sus derechos de información y participación.

Además, el informe pone de relieve una preocupante "doble velocidad" en el cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa entre las distintas administraciones. Se ha detectado que las entidades más grandes, con mayores recursos, avanzan a un ritmo mucho más acelerado que aquellas de menor tamaño y menos efectivos. La Sindicatura ha abogado por el establecimiento de mecanismos de cooperación interadministrativa que puedan equilibrar estas diferencias y asegurar que todos los ciudadanos, independientemente de su ubicación, tengan acceso a la transparencia gubernamental.

Otro de los puntos críticos que se mencionan es la falta de códigos de conducta entre las administraciones, especialmente en los municipios con menos de 20,000 habitantes; más de la mitad de estos no cuentan con un protocolo ético para altos cargos. Sin embargo, es de destacar que casi la mitad de las administraciones han implementado sistemas para reportar alertas o denuncias sobre posibles infracciones, lo cual representa un avance en términos de responsabilidad pública.

Asimismo, el informe revela que solo el 9.7% de las administraciones poseen un instrumento de planificación normativa, y que la evaluación de estas directrices no se incorpora en las dinámicas laborales habituales. Esta falta de planificación y supervisión compromete la efectividad de las normativas necesarias para garantizar un buen gobierno.

A pesar de que un 70% de las administraciones ha desarrollado canales para que los ciudadanos presenten propuestas y sugerencias, solo el 42% de ellas garantiza un sistema de "escucha activa" que permita un diálogo real. Otro aspecto alarmante es que únicamente el 10% de las administraciones han establecido canales para fomentar la participación activa de los ciudadanos en la definición, aplicación y evaluación de las acciones públicas.

El informe también resalta un incremento sostenido en la cantidad de denuncias y los procedimientos sancionadores, aunque se observa que, en la mitad de los casos, no se inicia un expediente y las infracciones quedan sin consecuencias. Esto plantea serias interrogantes sobre la efectividad del sistema sancionador vigente.

Finalmente, la Sindicatura ha señalado la necesidad de actualizar el régimen sancionador para que realmente funcione como un mecanismo de garantía del cumplimiento de la Ley. También se considera esencial incorporar métodos de conciliación y mediación administrativa, que permitan resolver conflictos de manera más eficaz y colaborativa, fomentando así un gobierno más participativo y transparente.