BARCELONA, 4 Noviembre.

Este miércoles, el Parlament se prepara para aprobar una innovadora proposición de ley enfocada en garantizar el derecho a una atención de calidad y una administración eficiente, respaldada por PSC-Units, ERC y Comuns. Esta iniciativa está siendo discutida por un proceso acelerado de lectura única.

El proyecto de ley, que ha llegado al debate final con un total de 24 enmiendas —21 provenientes de Junts y 3 del PP—, contempla modificaciones importantes en la legislación vigente. Destaca la prohibición de la cita previa obligatoria, la inclusión de un lenguaje administrativo más claro y un derecho para que los ciudadanos puedan rectificar errores cometidos de buena fe ante la administración, evitando así sanciones.

La ley también estipula que los trabajadores públicos solo asumirán responsabilidad en caso de negligencia grave y afirma que las personas no deben ser perjudicadas por errores administrativos, especialmente en lo relacionado con prestaciones básicas.

Además, el pleno abordará la habitual sesión de control al presidente de la Generalitat, Salvador Illa, así como a los consellers del Govern, y debatirá sobre un decreto que condona pagos indebidos a jóvenes que han sido extutelados.

La consellera de Derechos Sociales e Inclusión, Mònica Martínez, explicará cómo este decreto asegura que la Generalitat no reclamará la devolución de cantidades que no se hayan pagado hasta la entrada en vigor del texto, beneficiando a los jóvenes extutelados en situación de vulnerabilidad que hayan recibido prestaciones como el Ingreso Mínimo Vital o la Renta Garantizada de Ciudadanía.

La sesión también presentará el debate sobre la proposición de ley que modifica la legislación fiscal y administrativa, así como la creación de nuevos impuestos, que ha sido propuesta por ERC. Esta modificación incluye enmiendas de Junts, PP y Vox, y plantea cambios en la tasa turística, adaptándola a las realidades diversas del sector en Cataluña.

Según la propuesta, un 25% de la recaudación de esta tasa se destinará a políticas de vivienda, mientras que el 75% restante se incorporará al Fondo para el Fomento del Turismo. Los municipios podrán, mediante ordenanza, establecer un recargo sobre esta tasa para fines de políticas públicas.

Si se supera el debate de totalidad, el texto se elaborará conjuntamente con el proyecto de ley del decreto sobre la tasa turística, convirtiendo así la iniciativa de ERC en un documento de trabajo para la discusión.

El orden del día también incluye el análisis de la propuesta de ley referente a las cámaras oficiales de comercio, industria, servicios y navegación de Cataluña, presentada por PSC-Units, Junts, ERC y el PP, que no contendrá enmiendas de retorno y por lo tanto es probable que avance sin dificultades.

Este acuerdo, que abarca a las 13 cámaras de comercio de Cataluña, tiene como fin alinear la normativa catalana con la ley estatal de 2014, actualizando a su vez la legislación regional de 2002.

La propuesta redefine a las cámaras como órganos consultivos y de representación frente a las administraciones, promoviendo y defendiendo los intereses del comercio, la industria y los servicios.

También se establece la regulación del Consell General de les Cambres, fortaleciendo sus funciones y definiendo un sistema de financiamiento dual —público y privado— para garantizar su operativa.

Por último, cabe destacar que el debate final sobre la ley de adopción de medidas urgentes en materia de vivienda y urbanismo ha sido pospuesto, ya que Junts y PP han solicitado una evaluación del Consell de Garanties Estatutàries sobre la conformidad de la norma con el Estatut y la Constitución.