En una significativa sesión del Parlament de Cataluña, celebrada el 19 de diciembre, se han dado pasos firmes hacia la reivindicación de derechos y políticas más justas en materia de inmigración. Los representantes de varios grupos políticos, incluyendo PSC-Units, Junts, ERC, Comuns, CUP y AC, han votado a favor de solicitar al Estado que transfiera las competencias necesarias para gestionar las políticas de inmigración. Sin embargo, esta iniciativa ha encontrado oposición por parte de los grupos de PP y Vox.

La moción, impulsada por los Comuns, busca poner en primer plano el enfoque antirracista en la política migratoria. En este sentido, el Parlament ha aprobado un punto clave que exhorta al Govern a implementar un programa integral de acogida en 2026, el cual será descentralizado y priorizará las necesidades de las personas, alineándose con las recomendaciones de organismos internacionales en el ámbito del asilo.

Además, los miembros de la Cámara han decidido demandar al Gobierno de Salvador Illa el fortalecimiento de las vías de denuncia a la Inspección de Trabajo, enfocándose en situaciones que involucren racismo y explotación laboral. Esta medida tiene como objetivo esencial garantizar el acceso a oportunidades de movilidad social y promover la inclusión económica de las comunidades que enfrentan discriminación racial.

Otra parte de la moción que ha sido aprobada propone el desarrollo de mecanismos destinados a prevenir y erradicar los discursos de odio, especialmente aquellos que se difunden a través de redes sociales y medios digitales. También se ha acordado llevar a cabo una campaña de sensibilización, aunque los votos negativos de PP, Vox y AC ilustran las profundas divisiones existentes sobre este tema tan crucial.

Además de los temas relacionados con inmigración y racismo, el Parlament ha tratado cuestiones vinculadas al arte y la cultura en el ámbito educativo. Una moción presentada por PSC-Units ha sido aprobada, instando al Govern a poner en marcha el programa de mejora de la educación artística y cultural, que recibió luz verde en febrero. Se espera que esta iniciativa resalte el patrimonio cultural catalán en las escuelas e institutos.

Por último, se ha solicitado al Ejecutivo que implemente el Plan Nacional del Libro y la Lectura, haciendo especial énfasis en medidas que fortalezcan la presencia del catalán en el ámbito educativo. La colaboración con la Federació d'Ateneus de Catalunya y otras organizaciones culturales permitirá ampliar y diversificar la oferta cultural disponible para los estudiantes, fomentando así una educación más rica y inclusiva.