BARCELONA, 20 de noviembre.

En una sesión decisiva, el Pleno del Parlament ha tomado la iniciativa de solicitar al Govern que, a más tardar en el primer trimestre de 2026, elabore un conjunto de medidas que regulen la compra de viviendas con fines especulativos. Esta propuesta busca atacar de raíz el problema del acceso a la vivienda en Catalunya, un tema que ha escalado en la agenda política.

La resolución, respaldada por las mociones de ERC y la CUP, recibió el apoyo de PSC-Units, ERC, Comuns y CUP, mientras que los partidos de la oposición, como PP, Vox y Aliança Catalana, se manifestaron en contra, y Junts optó por la abstención.

El texto aprobado hace un llamado al Govern para que prepare estas medidas en colaboración con los grupos parlamentarios, además de exigir que se presente antes de fin de año de 2025 una evaluación de las propuestas en cuestión.

El debate sobre la necesidad de limitar la compra de viviendas en áreas de alta especulación ha cobrado impulso en las últimas semanas, impulsado por un informe del Pla Estratègic Metropolità de Barcelona (PEMB) que apoya legalmente esta regulación.

A finales de octubre, en respuesta a las interrogantes de la CUP, el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, mostró su disposición a estudiar la propuesta, afirmando que se están llevando a cabo análisis exhaustivos junto con la conselleria de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica.

Además de la CUP, ERC y los Comuns también apoyan la medida. Estos últimos han hecho su parte al proponer una ley específica y establecer un grupo de trabajo con el Govern, que espera generar un informe a comienzos de enero.

Durante el Debate de Política General en octubre, tanto Comuns como la CUP presentaron resoluciones para investigar esta cuestión, que en esa ocasión recibió la abstención del PSC.

Durante el intercambio de palabras, la diputada de ERC, Mar Besses, defendió que la regulación de la compra de viviendas se aplica en otros países y que la legislación actual permite tales medidas, rechazando que esto suponga un ataque a la propiedad privada. En su opinión, el verdadero riesgo a la propiedad privada radica en las transacciones de grandes fondos de inversión que compran inmuebles enteros y desplazan a sus habitantes.

Por su parte, la diputada de la CUP, Laure Vega, enfatizó que el acceso a la vivienda se ha convertido en un tema de conversación en la vida cotidiana de la gente, argumentando que la especulación se considera socialmente inaceptable y constituye un atentado a la propiedad en sí misma debido a la acaparación que implica.

Desde el PSC, la diputada Eva Candela destacó que el Govern ha priorizado el acceso a la vivienda y expresó su sorpresa por el temor de los partidos de derecha hacia esta regulación. Elogió el consenso alcanzado entre las diferentes fuerzas políticas sobre este asunto crucial.

La diputada de los Comuns, Susana Segovia, señaló que la falta de mecanismos de control en la compra de vivienda ha contribuido al aumento de precios, argumentando que la propuesta busca nivelar el terreno de juego frente a quienes pueden pagar cantidades exorbitantes en efectivo.

Junts, sin embargo, criticó la presentación de dos mociones idénticas, con su diputada Glòria Freixa argumentando que la clave para abordar el problema radica en la inversión, subrayando la necesidad de construir miles de viviendas de protección oficial.

Desde el PP, Àngels Esteller advirtió que esta medida podría chocar con el sistema jurídico vigente, argumentando que su objetivo real es atacar a los propietarios. Por otro lado, la diputada de Vox, Mònica Lora, atribuyó los problemas de acceso a la vivienda a la burocracia y la carga fiscal que, según su perspectiva, desincentivan la construcción.

Finalmente, Sílvia Orriols, líder de Aliança Catalana, argumentó que los problemas habitacionales se deben a políticas desatinadas y advirtió que la regulación de las compras especulativas podría perjudicar a quienes buscan comprar viviendas para asegurar su futuro o legarlas a sus descendientes.