El Parlamento de Cataluña ha tomado una decisión significativa en su sesión plenaria del pasado jueves, al aprobar una moción promovida por el Partido Popular (PP) que reclama al Gobierno catalán la implementación de ayudas, tanto en forma de subvenciones como de préstamos, a favor de constructoras y promotoras. El objetivo de estas medidas es facilitar la construcción de viviendas destinadas al alquiler asequible para tres grupos específicos: jóvenes menores de 35 años, adultos mayores de 65 y aquellas personas que enfrentan serias dificultades para acceder a la vivienda.

La moción, que establece como plazo la finalización de 2025 para la aprobación de estas iniciativas, obtuvo una mayoría en la votación, con el respaldo de varios partidos, incluyendo PSC-Units, Junts, ERC, PP, Vox y Aliança Catalana. Sin embargo, la propuesta no contó con el apoyo de los Comuns ni de la CUP, quienes votaron en contra.

Uno de los aspectos destacados de la moción es la creación de incentivos destinados a los propietarios de inmuebles, con la finalidad de motivarles a que introduzcan sus propiedades en el mercado de alquiler. Este enfoque busca aumentar la oferta de viviendas en alquiler y, a su vez, hacer que los precios sean más competitivos y accesibles para la población en general.

En otro punto aprobado, se contempla la posibilidad de establecer reducciones significativas en la cuota del tramo autonómico del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), que podría llegar hasta el 70% sobre los ingresos obtenidos por alquiler. Esta medida está orientada a animar a los propietarios a ofrecer sus viviendas a precios asequibles, especialmente dirigidas a jóvenes y familias que cuentan con ingresos medios y bajos.

Adicionalmente, se ha decidido que se trabajará en la implementación de subvenciones que cubran un mínimo del 25% del alquiler mensual para jóvenes de entre 18 y 35 años que tengan ingresos brutos mensuales de hasta 2.200 euros. Esta ayuda se destina a aquellos que no han tenido acceso al Bono de alquiler joven, con el fin de facilitar su capacidad para asumir el coste del alquiler.

Finalmente, el texto de la moción también solicita al Gobierno de la Generalitat que impulse negociaciones con el Gobierno central, con el propósito de transferir las viviendas y terrenos que son propiedad de la Sareb en Cataluña a las administraciones locales, para que sean destinados a la construcción o alquiler de viviendas sociales, contribuyendo así a mitigar la crisis habitacional que enfrenta la comunidad.