El Govern de Cataluña ha manifestado su ambición de llevar a cabo un extenso paquete de reformas legislativas a lo largo del año 2025, proponiendo la tramitación de un total de 134 iniciativas y la derogación de alrededor de 4.000 normas consideradas "obsoletas". Este anuncio refleja un esfuerzo por modernizar y optimizar el marco legal vigente, ya que muchas de estas normativas han quedado desfasadas y son redundantes.

Según el Plan Normativo 2025, que el ejecutivo catalán presentó recientemente, se prevé que un 45% de estas medidas legislativas se alineen con los acuerdos establecidos con ERC y Comuns, los cuales jugaron un papel crucial en la investidura del actual presidente de la Generalitat, Salvador Illa. Este conjunto de reformas se espera que no solo modernice la normativa existente, sino que también impulse cambios significativos en la gestión pública.

Las proyecciones del Govern apuntan a que, para finales de 2026, se podría alcanzar entre un 70% y un 80% de cumplimiento de estas iniciativas, marcando un avance significativo a mitad de legislatura. Este compromiso subraya la intención del ejecutivo de dar cumplimiento a las promesas electorales y responder a las necesidades sociales de la ciudadanía.

De las 134 iniciativas planificadas, se contempla la aprobación de 16 anteproyectos de ley y 31 anteproyectos de decreto, así como la tramitación de otros 30 anteproyectos de ley y 57 anteproyectos de decreto. Estas iniciativas abarcan una variedad de áreas, con un enfoque particular en el buen gobierno, la seguridad, la mejora de servicios públicos y la promoción de la equidad social, igualdad, feminismo y bienestar comunitario.

El Govern no solo se limita a introducir nuevas legislaciones, sino que también tiene la intención de simplificar el sistema normativo al derogar un gran número de disposiciones que ya no son útiles. Alrededor de 4.000 normas y actos administrativos serán eliminados para reducir la “hiperregulación” y eliminar duplicidades, lo que permitirá un funcionamiento más ágil y eficaz de la administración pública.

Los responsables del ejecutivo han presentado este plan como un modelo de "planificación y rigor jurídico", enfatizando su importancia como herramienta de transparencia y fomento de la participación democrática. De este modo, se busca no solo simplificar el marco legal, sino también involucrar a la ciudadanía en el proceso de toma de decisiones.

Entre las normativas más relevantes que se prevé aprobar, el Govern ha destacado 30 iniciativas que se consideran "transformadoras". Estas incluyen importantes anteproyectos de ley, como el de prevención y gestión de residuos, el de mecenazgo, el que busca universalizar el ciclo inicial de educación infantil y otros enfocados en la equidad y la financiación local.

Asimismo, se espera el desarrollo de proyectos de decreto que abarcarán diversas áreas, tales como la homologación de planes de protección civil, la mejora de la atención sanitaria bucodental, y la gestión de la dependencia y el reconocimiento del grado de discapacidad. Estas propuestas reflejan un enfoque integral dirigido a mejorar la calidad de vida de la población catalana y fortalecer el tejido social del territorio.