En un avance significativo hacia la inclusión y la justicia social, la Generalitat de Catalunya ha decidido incorporar a tres nuevos colectivos vulnerables en su programa de asistencia jurídica gratuita. Esta medida, anunciada el 18 de noviembre, no solo representa un paso adelante en la protección de los derechos de los ciudadanos más desfavorecidos, sino que también refleja un compromiso renovado por parte del gobierno catalán hacia la mejora de la justicia accesible.

Durante una conferencia de prensa que tuvo lugar en la sede de la Conselleria de Justicia, el conseller Ramon Espadaler desglosó los detalles de esta iniciativa, que incluye un incremento del presupuesto destinado al turno de oficio. La dotación pasará de 64 a 72 millones de euros, lo que cifra un aumento del 13%. La noticia fue bien recibida por los representantes de la abogacía catalana, quienes estuvieron presentes en la reunión, destacando la importancia de dicha extensión de recursos.

Entre los grupos que se beneficiarán de esta ampliación se encuentran los menores en situación de vulnerabilidad atendidos en Barnahus, quienes han sido víctimas de violencia sexual; las mujeres recluidas en penitenciarías que sufren violencia de género, descritas por Espadaler como un "colectivo vulnerable entre los vulnerables"; y aquellos individuos que buscan iniciar un procedimiento de segunda oportunidad, una herramienta vital para ayudar a personas en situación de sobreendeudamiento.

Este movimiento, tal y como explicó Espadaler, es parte de una ampliación de metas predicha por el presidente de la Generalitat, Salvador Illa. En una misiva dirigida a todos los consellers pocas semanas después de asumir su papel, Illa enfatizó la necesidad de que los servicios públicos sea una prioridad en la acción del gobierno, estableciendo la justicia como un pilar fundamental para garantizar la convivencia pacífica y el respeto a los derechos de las personas.

La presidenta del Consell de l'Advocacia Catalana, Marta Martínez, destacó la larga espera de 15 años que ha caracterizado las negociaciones con el Govern para lograr este acuerdo. Aunque el aumento de 8 millones es significativo, Martínez subrayó que se requerirá un esfuerzo continuo para alcanzar un monto total de 23 millones que permita cubrir todas las necesidades del turno de oficio.

El conseller describió el acuerdo como "una obra de orfebrería", destacando que la distribución de los recursos no será uniforme, sino que se adecuará a las distintas necesidades del sector legal. Martínez añadió que las mejoras comenzarán con un incremento del 2% en algunas tarifas, mientras que en otras, como los recursos de segunda instancia, se podría llegar hasta un 25% de aumento.

El compromiso del Govern también aborda una preocupación recurrente de los colegios de abogados: la compensación adecuada para las guardias. Hasta el momento, muchos letrados no recibían remuneración por estar disponibles sin activarse en situaciones específicas. A partir de ahora, se les compensará con 50 euros diarios en estos casos, una mejora que impactará positivamente en el ejercicio de la profesión en localidades como Vilanova i la Geltrú y Reus.

Este nuevo acuerdo, que entrará en vigencia el 1 de enero de 2025, ha sido posible gracias a un diálogo constructivo y leal entre los distintos agentes involucrados, según palabras de Espadaler. El conseller también aseguró que se buscará incrementar este presupuesto en el futuro, incluyendo la posibilidad de empoderar a otros colectivos vulnerables que aún necesitan ser contemplados dentro de este marco de justicia accesible.

"Este acuerdo es un acto de justicia que no solo beneficia a los abogados y abogadas que prestan sus servicios en el turno de oficio, sino que también representa una mejora notable en el acceso a la justicia para los colectivos vulnerables", afirmó Espadaler, enfatizando la importancia del papel de la abogacía en la defensa de los derechos humanos.

El decano del Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona, Jesús M. Sánchez, se refirió a este acuerdo como "histórico". Recordó cómo, hace un año y medio, la comunidad de abogados comenzó a presionar en el Parlament para solicitar mejoras en el turno de oficio, siendo escuchados finalmente por Salvador Illa, quien hizo la firme promesa de que, si llegaba a la presidencia, impulsaría cambios económicos que ahora comienzan a materializarse.

Además, el conseller y la presidenta del Cicac firmaron un nuevo convenio que aumentará en un 30% el presupuesto para promover el uso del catalán en el turno de oficio. Esto se traduce en un incremento de 105.000 euros, que beneficiará a los abogados que actúen en esta lengua y que recibirán un adicional de 25 euros por actuación, un reconocimiento a su compromiso con la lengua catalana en su ejercicio profesional.