La Generalitat de Catalunya ha decidido eliminar la opción de teletrabajo para sus altos cargos, quienes solo podían desempeñar sus funciones de manera remota un máximo de dos días a la semana. Esta medida, tomada por la conselleria de Presidencia, responde a la necesidad de asegurar una presencia activa y continuada de estos funcionarios para fomentar una comunicación efectiva y una supervisión adecuada en su labor diaria.

Según ha informado 'El Periódico de Catalunya', la medida fue comunicada en una instrucción emitida el 7 de enero por la Secretaría de Administración y Función Pública. A raíz de esta decisión, el Gobierno catalán ha otorgado un plazo de 15 días para que los altos cargos celebren cualquier tipo de teletrabajo que puedan haber tenido previamente autorizado.

Fuentes de la conselleria han destacado que, de aproximadamente 500 altos funcionarios en la Generalitat, alrededor de 100 habían optado por el teletrabajo de manera limitada. Esta modalidad requería la aprobación previa del secretario general del departamento correspondiente, lo que implicaba un seguimiento riguroso de sus responsabilidades.

La Generalitat argumenta que la presencia constante en puestos de subdirección general y similares resulta esencial para el funcionamiento eficiente de los servicios públicos. Según la conselleria, la cercanía física de los altos cargos permite una gestión más ágil y efectiva de las políticas, así como una mejor ejecución de las tareas vinculadas a su alta responsabilidad institucional.

El documento emitido por la conselleria, liderada por Albert Dalmau, subraya que los puestos directivos poseen un alto grado de responsabilidad estratégica, lo cual influye de manera significativa en el resultado de sus acciones dentro de la administración pública. Además, enfatiza que el trabajo en presencia no solo refuerza el liderazgo, sino que también contribuye a decisiones más rápidas y eficientes en momentos cruciales.

La decisión de revocar el teletrabajo para los directivos se produce tras la introducción de esta modalidad en el ámbito público por parte de la conselleria de Políticas Digitales y Función Pública, dirigida por Jordi Puigneró (Junts), en febrero de 2020. El Ejecutivo de Salvador Illa ahora considera que, habiendo concluido la emergencia sanitaria provocada por el Covid-19, es momento de retornar a una presencialidad total en la función pública.