Al menos dos delegaciones, la de Letonia y Lituania, se han mostrado abiertamente en contra de modificar el reglamento que rige el uso de las lenguas oficiales de la UE para incluir el catalán, euskera y gallego, si bien el debate seguirá a nivel técnico en el seno de los Veintisiete ya que un mayor número de socios se han mostrado dispuestos a seguir discutiendo si España detalla cuestiones clave como el coste o su encaje legal.
Según han informado varias fuentes diplomáticas a Europa Press, en el debate de apenas media hora que los ministros reunidos en el Consejo de Asuntos Generales de la UE han tenido este martes en Luxemburgo, tanto Letonia como Lituania han manifestado su rechazo a la propuesta de inclusión de las lenguas cooficiales españolas en el reglamento.
Desde su llegada, el ministro de Asuntos Exteriores y exprimer ministro de Letonia, Krisjani Karins, expresó en declaraciones a la prensa que no pensaba que se produjeran cambios en las reglas sobre lenguas debido a otros problemas más importantes en la agenda de los Veintisiete. Durante la reunión, tanto Karins como su colega lituano, Gabrielius Landsbergis, han argumentado su oposición argumentando el "impacto político" que podría tener en sus países, donde existen minorías de habla rusa.
Sin embargo, otros diez países han mostrado disposición para continuar discutiendo sobre esta propuesta, siempre y cuando se realice un análisis técnico más detallado. Esto refleja que el Gobierno español no ha cumplido aún con la solicitud de varios Estados miembros de evaluar el impacto económico, práctico y legal de cualquier modificación.
El ministro de Asuntos Exteriores en funciones, José Manuel Albares, ha defendido ante el resto de ministros que España está dispuesta a asumir todos los costes relacionados con el reconocimiento de las tres lenguas cooficiales, a pesar de que, según la propuesta española, la traducción e interpretación de estas lenguas sería financiada por la UE.
Tras este segundo debate a nivel de ministros de la UE, España planea presentar una propuesta "revisada" que tome en cuenta las preocupaciones expresadas por los demás Estados miembros, especialmente en cuanto a las dudas legales y al coste. Además, se ha solicitado a la Comisión Europea que realice una evaluación del coste de cada una de las lenguas, según fuentes cercanas al debate citadas por Europa Press.