El 9 de noviembre de 2014 marcó un hito en la historia política de Catalunya, un proceso participativo impulsado por Artur Mas, entonces presidente del Govern, que ahora cumple diez años en un contexto de tensión y fragmentación dentro del movimiento independentista. En este momento, los socialistas han tomado las riendas del gobierno, liderados por Salvador Illa desde el Palau de la Generalitat.

La votación de ese día fue un llamamiento a más de 5,4 millones de catalanes mayores de 16 años, quienes respondieron a dos preguntas decididas por un consenso entre el Govern y varias fuerzas políticas, incluyendo CiU, ERC, ICV-EUiA y la CUP: “¿Quiere que Catalunya sea un Estado?” y, si la respuesta era afirmativa, “¿Quiere que este Estado sea independiente?”.

Los resultados fueron significativos. De los más de 2,3 millones de personas que participaban, un robusto 80,76% respaldó ambos "sí", mientras que el “sí-no” obtuvo un 10,07% y el “no” apenas alcanzó el 4,45%. Este ejercicio de participación popular fue la culminación de esfuerzos que comenzaron un año antes, el 12 de diciembre de 2013, cuando Mas y otros líderes políticos anunciaron su intención de realizar una consulta de autodeterminación.

El objetivo se trató de lograrlo a través de dos vías: solicitando al Congreso la transferencia de competencias para llevar a cabo referéndums, y promoviendo una ley catalana para consultas no refrendarias. Sin embargo, el Parlamento español bloqueó la proposición y el Parlament catalán optó por acelerar la creación de la mencionada ley, que fue aprobada el 19 de septiembre de 2014 por una amplia mayoría de 106 de 135 diputados.

Con esta ley en mano, Artur Mas firmó un decreto de convocatoria el 27 de septiembre, instando a los catalanes a expresar su opinión sobre el futuro de Catalunya. El gobierno de Mariano Rajoy no tardó en reaccionar y, tras recibir un informe del Consejo de Estado, impugnó de urgencia el decreto ante el Tribunal Constitucional, que rápidamente suspendió su validez y la Ley de Consultas.

A pesar de los intentos del Govern por llegar a un consenso con las fuerzas proconsulta, la situación se tornó complicada y se generó un quiebre en la unidad cuando Mas llegó a informar que no podría seguir adelante con el 9N bajo el marco legal mencionado. Aun así, propuso un nuevo plan: un proceso participativo basado en el fomento de la participación ciudadana, que, aunque en un inicio fue rechazado, finalmente logró reunir el apoyo de ERC, ICV-EUiA y la CUP, así como de diversas entidades sociales agrupadas en el Pacte Nacional pel Dret a Decidir.

El Gobierno central, por su parte, no dejó de mostrar su rechazo. Inicialmente, minimizó el proceso participativo, pero luego cambió de postura acusando al Govern de organizar una "consulta encubierta", lo que llevó a un nuevo recurso ante el Tribunal Constitucional. A pesar de las trampas legales y las dificultades, el Govern se mantuvo firme, argumentando que no se podía suspender un proceso que no existía oficialmente según su interpretación.

Finalmente, el 9N se llevó a cabo con una logística organizada por más de 40.000 voluntarios y el apoyo de entidades como la ANC y Òmnium. Este evento se ya vislumbraba como un precursor de otros momentos decisivos, como la consulta popular de 2009 en Arenys de Munt y el referéndum del 1 de octubre de 2017.

No obstante, el proceso participativo del 9N tuvo graves consecuencias para sus promotores. Artur Mas, junto a su entonces vicepresidenta Joana Ortega, la titular de Educación Irene Rigau y el conseller de Presidencia Francesc Homs, enfrentaron sanciones judiciales y económicas significativas. El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya los condenó por desobediencia, lo que resultó en multas e inhabilitaciones para todos ellos, aunque fueron absueltos de la acusación de prevaricación.

En 2015, el Tribunal Constitucional declaró inconstitucionales los actos relacionados con el 9N, subrayando que las comunidades autónomas no podían convocar consultas que afectaran al orden constitucional. Tres años después, el Tribunal de Cuentas impuso a los cuatro dirigentes una carga financiera por los gastos generados, y todos los intentos de apelar esta decisión fueron desestimados en 2023.

Recientemente, en 2024, el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya se negó a conceder amnistía a Mas, Ortega y Rigau, aduciendo la falta de antecedentes penales que justificaran dicha medida. Este marco de represión legal sigue generando un debate intenso sobre la autodeterminación y la lucha por los derechos democráticos en Catalunya.