El pasado 19 de diciembre, en la ciudad de Barcelona, una alarmante situación ha salido a la luz. El Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil ha iniciado una investigación sobre una organización que se dedica a la recogida y cuidado de animales abandonados en la región, acusándola de una serie de presuntas irregularidades en su gestión y, lo que es más grave, en el manejo clandestino de cadáveres de estos animales.

La entidad en cuestión supuestamente involucra a cinco empresas y siete individuos, quienes han sido contratados por más de 50 municipios de la provincia. Según el comunicado emitido por el Seprona, la situación ha generado preocupación tras recibir varias denuncias de ciudadanos. Estas alertas han suscitado sospechas sobre la posibilidad de que la organización estuviera eliminando pruebas de su conducta irresponsable mediante la utilización de una incineradora, la cual está legalmente autorizada para la gestión de cadáveres, pero que se encontraba en una de las residencias administradas por ellos.

El Seprona ha estado investigando el caso durante varios años y, según sus hallazgos, la instalación utilizada por la organización podría haber servido como un encubrimiento para múltiples delitos de maltrato animal. Las acusaciones indican que se han destruido cuerpos sin respetar los protocolos adecuados y existen sospechas de que en una segunda residencia también gestionada por las mismas personas, han ocurrido otros actos de maltrato.

En una reveladora declaración, los agentes del Seprona han tomado testimonios de cinco personas y han sido informados de casos específicos de maltrato. Uno de los casos más impactantes es el de Nuna, una perra que entró preñada en la organización. Durante su estancia, perdió una considerable cantidad de peso en aproximadamente dos meses, y sus cachorros fueron sacrificados sin justificación al momento de nacer.

Las investigaciones de la Guardia Civil han llevado a la conclusión de que esta red opera bajo un “esquema criminal” que se beneficia a través de contratos con los ayuntamientos y de la gestión de cadáveres, además de involucrarse en actividades delictivas y en la ocultación de pruebas. Por ello, se han propuesto delitos que incluyen maltrato animal, falsedad documental, delitos contra los recursos naturales y organización criminal.