El Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya (Ctesc) ha propuesto una nueva recomendación que busca regular de manera separada el alquiler de viviendas y otros bienes y servicios, como parte de su dictamen sobre el Anteproyecto de ley de incorporación del contrato de arrendamiento al Código Civil catalán.

Esta medida se justifica por su importancia económica y social, así como por su impacto en el acceso a la vivienda en Catalunya.

Según el Consell, el precio del alquiler es un elemento clave que debe ser incluido explícitamente en el contrato, además de recomendar que los incrementos de renta por mejoras se apliquen de manera progresiva según la duración del contrato.

Asimismo, se destaca la importancia de no permitir la conversión de contratos temporales en contratos de arrendamiento de vivienda habitual sin el consentimiento del arrendador, especialmente en el caso de alquileres para otros fines.

En relación al Proyecto de decreto para la universalización de la asistencia sanitaria en Catalunya, el Ctesc propone que tener hijos escolarizados sea considerado un criterio de arraigo para personas en riesgo de exclusión social.

El organismo también sugiere tener en cuenta y explicitar colectivos como los jóvenes vulnerables, las víctimas de violencia de género, personas sin hogar, con adicciones, discapacidades, inmigrantes y refugiados, entre otros, al momento de brindar asistencia sanitaria financiada públicamente.

En cuanto a la prestación farmacéutica, se plantea la implementación de una categorización basada en la renta o criterios médicos, al tiempo que se recomienda que la pérdida o robo de la tarjeta sanitaria no sea motivo para negar la atención médica.

Por último, en relación a las urgencias sanitarias de no residentes con insuficiencia de recursos económicos, el Ctesc sugiere considerar el impacto económico adicional de las discapacidades reconocidas, a fin de garantizar una atención equitativa.