Los grupos parlamentarios de los Comuns y la CUP han decidido dar un paso adelante en la lucha por el derecho a la vivienda y han propuesto celebrar un pleno monográfico en el Parlament de Catalunya en el mes de febrero. Esta iniciativa surge en un contexto de creciente crisis habitacional y busca abordar de manera profunda la situación actual, así como la creación de una comisión de estudio que incluya a expertos y representantes de organizaciones dedicadas a la defensa del derecho a la vivienda.

En una rueda de prensa realizada en las dependencias del Parlament, las diputadas Susana Segovia, del grupo de los Comuns, y Laure Vega, de la CUP, han exhortado a la primera Junta de Portavoces del año a dar prioridad a este asunto crucial, enfatizando la necesidad de un debate serio y constructivo sobre la crisis de la vivienda que afecta a Catalunya. Segovia subrayó que este debate debería ser un espacio para abordar y proponer soluciones efectivas a una problemática que ha ido en aumento.

Vega, a pesar del escepticismo existente respecto a la utilidad de estos mecanismos parlamentarios, defendió con firmeza la idea de que es vital abandonar la concepción de que no hay alternativas al modelo actual de vivienda. La diputada aboga por la búsqueda activa de nuevas soluciones que no se limiten a las recetas tradicionales, las cuales han demostrado ser ineficaces en muchas ocasiones.

El pleno monográfico puede ser convocado por el presidente del Parlament por iniciativa propia o a solicitud de, al menos, dos grupos parlamentarios. En este sentido, Segovia mencionó que es factible trabajar de manera conjunta con otros grupos, particularmente con Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), para presentar resoluciones que aborden problemáticas como el alquiler de temporada y el régimen sancionador de la ley de vivienda en la comunidad autónoma.

Asimismo, Vega especificó que este debería ser un espacio inclusivo donde se puedan discutir y desarrollar las mejores propuestas legislativas. Sin embargo, hizo énfasis en que no se deben simplemente presentar propuestas vacías ni repetir estrategias que han fracasado en el pasado.

Las diputadas también destacaron la importancia de la creación de la mencionada comisión de estudio, que debería incluir a técnicos, especialistas y representantes de entidades que luchan por el derecho a la vivienda. En este sentido, dejaron claro que no contemplan la inclusión de organizaciones que, en sus palabras, "trabajan para que este no sea un derecho, sino que se convierta en una mera mercancía en el mercado." Esto refleja un compromiso firme por establecer un marco de trabajo que priorice los derechos humanos por encima de los intereses económicos.

Aunque no cuentan con una lista específica de participantes para esta comisión, ambos grupos consideran que su creación serviría como una guía esencial para que el gobierno autonómico enfrente la emergencia habitacional. Se prevé que la duración de esta comisión sea de un año, con el objetivo de generar propuestas concretas y efectivas.

La aprobación de la comisión de estudio deberá obtener el respaldo del Pleno del Parlament, por lo que las diputadas esperan que esta propuesta sea asumida de manera unánime por todos los grupos políticos en adelante. Segovia también señaló que estas iniciativas servirán como un reflejo del progreso en las negociaciones actuales sobre los presupuestos con el gobierno de Salvador Illa.

Por su parte, Vega añadió que aunque no han recibido contacto reciente para discutir el tema de las cuentas, están abiertos al diálogo. Sin embargo, recordó que existen “muchísimas formas legislativas” para avanzar en el ámbito de la vivienda sin depender exclusivamente de los presupuestos.

Con respecto a un caso específico de okupación de un inmueble en Girona que se encontraba en reforma, Vega aseguró que la legislación actual ya proporciona las herramientas necesarias para abordar este tipo de situaciones, y advirtió que la atención mediática sobre el caso no debería llevar a implementar cambios legales apresurados. “Debemos enfocarnos en legislar para el bienestar general de la población, no solo para resolver situaciones particulares”, enfatizó. La diputada reafirmó su postura de que el objetivo primordial debe ser garantizar el derecho a una vivienda digna.

Finalmente, Segovia abordó el tema de los retrasos en la justicia, señalando que uno de los mayores problemas radica en la sobrecarga de los juzgados y la falta de respuestas ágiles. Esta lentitud en el sistema judicial afecta la capacidad para discernir los casos de manera efectiva y ofrecer soluciones adecuadas a quienes se encuentran en situaciones vulnerables.