MADRID, 24 Nov.

Este lunes ha tenido lugar el inicio del juicio en la Audiencia Nacional contra Jordi Pujol, ex presidente de la Generalitat de Cataluña, junto a sus siete hijos y un grupo de más de 15 supuestos cómplices. Se les acusa de haber establecido una presunta organización criminal que, aprovechándose de su influencia política, se enriqueció durante varias décadas a través de prácticas corruptas.

La sesión está siendo presidida por el magistrado José Ricardo de Prada, con la magistrada María Fernanda García como ponente y Mercedes del Molino también en el tribunal. Los acusados se enfrentan a cargos de asociación ilícita, blanqueo de capitales, delitos contra la Hacienda Pública, falsificación de documentos mercantiles y alzamiento de bienes.

El juicio comenzó con una declaración a puerta cerrada de Pujol, quien participó por videoconferencia debido a problemas de salud, habiendo estado hospitalizado desde mediados de noviembre por una neumonía.

Un informe médico presentado por su defensa sostiene que el ex presidente no se encuentra en condiciones de trasladarse ni de declarar en el tribunal. A sus 95 años, Pujol presenta un diagnóstico de trastorno neurocognitivo mayor, que incluye características de Alzheimer y deterioro vascular, de acuerdo con los profesionales que lo examinaron.

Como parte de este proceso, se espera que los médicos que elaboraron el informe testimonien para sustentar sus hallazgos. El juicio está programado para extenderse hasta 2026 y contará con más de 200 testigos que aportarán elementos al caso.

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado una pena de nueve años de prisión y una multa de 204.000 euros para Pujol. En cuanto a sus hijos, las penas requieren un rango que varía entre ocho y 29 años, según se desglosa en el escrito de acusación divulgado por Europa Press.

Para el hijo mayor, Jordi Pujol Ferrusola, los fiscales piden la máxima condena de 29 años y una multa de más de 6,5 millones de euros, mientras que para su ex esposa, Mercé Gironés, se han solicitado 17 años de prisión y más de 600.000 euros en multas.

Además de las sanciones económicas, la Fiscalía reclama la devolución de un total de más de 45 millones de euros, que la familia habría manejado de manera ilícita a lo largo de los años.

Por lo que respecta a otros imputados, que son empresarios, las penas solicitadas oscilan entre dos y tres años de prisión por delitos de falsificación de documentos mercantiles, vinculados a blanqueo de capitales. Las multas para estos acusados también son significativas, variando desde 200.000 euros hasta 8 millones.

En el contexto de la acusación, la ex fiscal de Anticorrupción, Belén Suárez, ha descrito un entramado delictivo que supuestamente involucra a la familia Pujol, argumentando que el ex presidente catalán se valió de su posición para tejer una red de clientelismo que le permitió apropiar los beneficios de contratos públicos.

Según Suárez, Pujol y empresarios cercanos a su partido, Convergencia Democrática de Cataluña (CDC), habrían compartido las ganancias obtenidas de actividades fraudulentas.

El médico de Pujol, doctor Jaume Padrós, ha reafirmado ante los medios que el ex presidente no puede participar activamente en el juicio, un comentario que ha sido recogido por Europa Press.

Este caso llega a juicio tras la conclusión de una exhaustiva investigación de ocho años por parte del magistrado José de la Mata, quien presentó su informe en julio de 2020.

En su auto de imputación, De la Mata sostiene que la familia Pujol, aprovechando su posición dominante en la vida política y económica catalana durante décadas, acumuló un patrimonio descomunal vinculado a prácticas corruptas. Se menciona que muchas de estas actividades irregulares coinciden temporalmente con el mandato de Pujol como presidente, que se extendió desde 1980 hasta 2003, aunque su impacto habría perdurado más allá de su gestión.

Según el juez, el origen de los ingresos ilícitos provendría de pagos realizados por terceros, principalmente relacionados con diversas empresas, en busca de influencias para obtener contratos y concesiones en el territorio catalán.

En 2014, Pujol reconoció tener dinero en el extranjero, atribuyendo estas sumas a una herencia de su padre, quien manifestó su deseo de proteger esos activos debido a su experiencia durante los años difíciles de la década de los 30 y 40.

De la Mata ha desglosado los roles de cada miembro de la familia en la supuesta organización. Explica que el liderazgo recaía en Jordi Pujol y su esposa, Marta Ferrusola, este último título que se refería a ella como la “madre superiora” de sus operaciones.

El hijo mayor, por su parte, asumió un papel clave en la dirección y gestión de las operaciones ilegales, distribuyendo los fondos en el núcleo familiar, tal como delineó el juez.

Aunque la responsabilidad más importante parecía recaer en Pujol Ferrusola, otros hermanos también desempeñaron funciones en la ocultación y manejo de los capitales, manteniendo un sistema que presuntamente les permitió ocultar su riqueza ilícita en Andorra.

En cuanto a los acusados ajenos a la familia, De la Mata determinó que colaboraron activamente con la organización, facilitando las estructuras empresariales necesarias para mantener la opacidad de los pagos y evitar que los verdaderos beneficiarios fueran identificados.

Finalmente, el magistrado reiteró que se cumplen todas las condiciones necesarias para calificar el caso como un delito de organización criminal, evidenciando una estructura jerárquica y una actividad sostenida en el tiempo desde el establecimiento de las primeras cuentas en Andorra en 1992 hasta el cierre de sus últimas fundaciones en 2014.