Comienza debate sobre salud mental en juicio por el homicidio de una madre a su hija en Barcelona.

El juicio a Cristina Rivas, acusada de matar a su hija Yaiza en Sant Joan Despí (Barcelona) y enfrentando a solicitudes de pena permanente revisable, ha comenzado con fuertes discordancias entre la defensa y las acusaciones en cuanto a la salud mental de la acusada, siendo esta última una estrategia para conseguir una condena menos severa.

La primera jornada del juicio permitió a las partes exponer sus alegatos al jurado, especialmente en lo que respecta a la presunta patología mental de Rivas al cometer el crimen, desafiando las expectativas preconcebidas y abordando la triste realidad del acto cometido.

El fiscal Félix Martín presentó al jurado los puntos clave sobre la salud mental de Rivas, instándolos a no dejarse llevar por prejuicios y a considerar la perversidad del crimen cometido.

Por otro lado, la abogada de la acusación particular, Mireia Gómez, criticó la estrategia de "psiquiatrizar" utilizada por las defensas con frecuencia para abogar por una reducción de condena, haciendo un llamado al respeto hacia aquellas madres que realmente padecen enfermedades mentales.

En contraposición, las abogadas de la defensa, Alba Escoda y Eugenia Sobrino, destacaron los posibles rasgos esquizofrénicos de Rivas y la situación de desesperación que la llevó a cometer el crimen, además de cuestionar la cobertura mediática recibida y la solicitud de prisión permanente revisable.

El juicio continuará con las declaraciones de testigos, incluido el padre de la niña y otros familiares, mientras que la defensa busca considerar un trastorno mental transitorio o un arrebato como atenuantes en caso de condena.

La acusación reclama un delito de asesinato con alevosía, solicitando un periodo de libertad vigilada y una orden de alejamiento en caso de que Rivas recupere su libertad, junto con indemnizaciones para el padre y abuelos paternos de la niña.

Este caso ha motivado medidas como la creación de una nueva oficina para víctimas del delito y la aprobación de un decreto que restringe la comunicación de padres sospechosos de violencia machista o familiar con sus hijos, tras una reunión entre la entonces consellera de Justicia, Lourdes Ciuró, y el padre de la víctima.