La Conselleria de Justicia, Derechos y Memoria de la Generalitat ha aprobado una serie de medidas para reforzar la semilibertad con un enfoque tecnológico que garantice los derechos de los investigados en procedimientos judiciales y reduzca los internamientos innecesarios. Una de estas medidas es la utilización de pulseras de geolocalización telemática como alternativa a la prisión provisional, lo cual se llevará a cabo a través de una prueba piloto.

La 'Estratègia nacional d'obertalitat penitenciària (2024-2025)' es el documento que recoge las 15 medidas aprobadas por la Generalitat y que han sido presentadas por la consellera Gemma Ubasart, el coordinador de la estrategia, Josep Maria Torrent, y el secretario de Medidas Penales, Reinserción y Atención a la Víctima, Amand Calderó.

Josep Maria Torrent ha destacado que esta medida de utilizar pulseras de geolocalización en investigados es pionera en España, aunque países como Portugal la utilizan desde hace dos décadas. Hasta ahora, estas pulseras solo se utilizaban en condenados en libertad vigilada, pero su uso en investigados permitirá ampliar el catálogo de medidas a disposición de los magistrados y aplicar restricciones a la libertad de manera más precisa y garantizando los derechos del procesado.

Además, Torrent ha hecho hincapié en la necesidad de abandonar el modelo penitenciario del siglo XIX y adoptar un enfoque tecnológico que garantice los derechos y alivie la carga de trabajo de los juzgados. En esta línea, otra de las medidas aprobadas es la incorporación del control biométrico a las firmas periódicas que los investigados en libertad provisional deben hacer en el juzgado.

La estrategia presentada por el Departamento de Justicia se divide en tres bloques: contención de los internamientos innecesarios, reforzamiento del ingreso penitenciario como última medida y fortalecimiento de los espacios de reinserción dentro de las prisiones.

Destacan dos medidas dentro de este último bloque relacionadas con delitos de seguridad vial: un programa de tratamiento que incluye la preparación para el examen del carné de conducir durante el encarcelamiento y un convenio con la Federació d'Autoescoles de Catalunya para que los presos puedan acceder a formación teórica y práctica para obtener el permiso de conducir.

Gemma Ubasart ha defendido que en muchos casos la pena puede cumplirse fuera de los centros penitenciarios y ha resaltado que los datos muestran que en muchos casos la alternativa a la prisión es preferible, ya que el porcentaje de reincidencia es menor. También ha subrayado que el 42% de los presos en Catalunya son preventivos o cumplen condenas de menos de dos años.

La consellera ha enfatizado que esta estrategia va más allá de un plan sectorial, ya que es una estrategia nacional coordinada por el Departamento de Justicia pero en la que participan otros departamentos del gobierno catalán, como Salud, Empresa y Trabajo, Interior e Igualdad y Feminismos.