BARCELONA, 18 Nov. - Este martes, el Consell Executiu del Govern ha dado un paso importante al aprobar la creación de una bolsa de vivienda en zonas rurales a través de la Agència de l'Habitatge de Catalunya (AHC), junto a subvenciones destinadas a la rehabilitación de viviendas y equipamientos inactivos. La meta es recuperar alrededor de 100 propiedades al año hasta 2029.

La portavoz del Govern y consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica, Sílvia Paneque, ha ofrecido estos detalles tras el anuncio del presidente de la Generalitat, Salvador Illa, durante el I Encuentro de Municipios Rurales en Sant Fruitós de Bages, donde se discutió el avance del Estatuto de Municipios Rurales, ratificado a finales de julio.

Este nuevo Estatuto incluye medidas de apoyo para 608 de los 947 municipios de Catalunya (68% del total), enfocado en aquellos con menos de 2.000 habitantes en comarcas rurales, así como en municipios de zonas limítrofes con baja densidad de población. Además, se establece una categoría especial para municipios con menos de 500 habitantes, que recibirán una protección adicional.

Según Paneque, esta iniciativa reconoce la importancia del entorno rural como un factor clave en la garantía del derecho a la vivienda, enfatizando la necesidad de repoblar estos territorios y favorecer el arraigo de sus habitantes.

Para conseguirlo, se implementarán diversas estrategias en el ámbito de la vivienda, incluyendo la formación de una bolsa de vivienda destinada a movilizar propiedades vacías, en colaboración con los consejos comarcales. También se prevén ayudas específicas para la rehabilitación de edificaciones y viviendas.

En total, se destinarán 20 millones de euros para financiar subvenciones hasta 2029, con el fin de rehabilitar tanto espacios municipales (como antiguos colegios) como viviendas particulares. Estas deben cumplir con estándares de calidad para ser usadas como residencia habitual o alquiler a precios accesibles durante un mínimo de diez años.

El Govern tiene como objetivo rehabilitar cada año hasta un total de 100 viviendas o equipamientos mediante un esquema de subvenciones y cofinanciamiento. Sin embargo, el éxito de estas acciones depende en gran medida de la aprobación de nuevos Presupuestos, cuya negociación aún no ha comenzado con ERC y los Comuns, quienes demandan compromisos en vivienda y financiación.

Un desafío adicional que ha identificado el Govern es la falta de recursos y personal en los ayuntamientos para afrontar las tramitaciones necesarias en este proceso. Para combatir esta situación, se creará un equipo inicial de seis profesionales —arquitectos, ingenieros y juristas— bajo el Incasòl, que se dedicarán exclusivamente a apoyar a los consistorios y consejos comarcales en sus gestiones.

Este equipo facilitará la tramitación de planes urbanísticos, la rehabilitación de núcleos antiguos en desuso y la revitalización de espacios abandonados. Además, el Gobern prevé aprobar una nueva Ley de Territorio en el primer trimestre de 2026, con el fin de agilizar la gestión y planificación urbanística en los municipios rurales.

Se busca que esta legislación refleje la realidad actual de los municipios rurales, y que se ajuste a las necesidades de sus habitantes. Como parte de este esfuerzo, el Govern también está considerando permitir que los ayuntamientos participen en la empresa pública Infraestructures de la Generalitat, facilitando recursos para sus proyectos al permitirles adquirir acciones de la empresa a un precio simbólico.

En cuanto a otras medidas ya en marcha, Illa destacó que se han implementado reducciones en el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP) y bonificaciones para estimular la regularización de propiedades rurales. A partir de 2026, se ofrecerán deducciones en el IRPF para quienes se trasladen a un municipio rural o adquieran una vivienda habitual, lo cual se espera que tenga un efecto positivo en los ingresos de la Generalitat, estimado en 14 millones de euros.

Asimismo, se incrementará la financiación del Fondo de Cooperación Local, desde un fondo específico para municipios rurales, con un aumento que oscilará entre el 10% y el 25% según el nivel de protección, sumando un total adicional de 9 millones de euros para 2026.

Finalmente, el Govern considera fundamental el establecimiento de una red de fibra óptica en todos los municipios de Catalunya, asegurando que esta infraestructura esté disponible antes de finalizar la legislatura, dado que actualmente cubre 684 localidades.