Cataluña promulga decreto ley para facilitar impuestos, trámites y acceso a la vivienda.

El pasado martes, la Generalitat de Cataluña dio un paso significativo al aprobar un decreto ley que introduce múltiples medidas diseñadas para simplificar y acelerar trámites administrativos, fiscales y relacionados con la vivienda. Estas medidas, que deberían haberse incluido en un propuesto proyecto de ley asociado a los Presupuestos de 2026, ahora buscan responder a la exigente realidad del contexto actual.

El objetivo principal de esta iniciativa es "asegurar" un funcionamiento óptimo de la Administración durante la fase de prórroga presupuestaria. En un comunicado posterior a la reunión del Consell Executiu, el Govern subrayó la necesidad de implementar acciones que se consideran urgentes y esenciales en este momento crítico.

Entre las medidas más relevantes del decreto, se encuentra un primer conjunto que se enfoca en la aceleración de los procesos administrativos. Esto abarca la regulación del papel de la Intervenció General, el organismo responsable de la supervisión interna de la gestión económica-financiera del sector público, además de implementar acciones que faciliten la fiscalización del gasto público.

Asimismo, el decreto prevé la simplificación de los trámites necesarios para realizar modificaciones presupuestarias durante la prórroga, la adopción de un "dato único" para mejorar la eficiencia, y una transformación digital de ciertos procedimientos vinculados a actividades económicas, urbanísticas y ambientales. También se establece un sistema para fomentar el intercambio de información entre la Xarxa de Serveis Socials d'Atenció Pública y los servicios de salud pública, particularmente en cuestiones de discapacidad y dependencia.

En lo que respecta al sector inmobiliario, el decreto contempla un segundo bloque que se centra en la transparencia y el control del mercado de alquiler. Esto implica que las administraciones que cuenten con datos sobre los contratos de alquiler deberán compartir esta información con el Institut Català del Sòl, y extender el régimen sancionador a arrendamientos que no sean únicamente residenciales, como locales comerciales o oficinas.

Además, se busca mejorar la información que reciben los consumidores sobre vivienda, estableciendo requisitos claros sobre qué debe incluir la publicidad, como el precio máximo permitido y la cédula de habitabilidad. También se refuerza la cooperación entre administraciones para ofrecer un mejor acceso al registro de grandes tenedores de propiedades.

Entre las innovaciones introducidas por el decreto, destaca la creación de la Plataforma Urbanística de Catalunya, así como la posibilidad de incluir terrenos de suelo urbano no consolidado en los que se puedan otorgar licencias de obras y usos provisionales. Se permite también un aumento en el número de viviendas de protección oficial sin incrementar la construcción, asegurando de esta manera la estabilidad de los precios de las viviendas resultantes.

En el ámbito fiscal, el Govern ha decidido eliminar el impuesto sobre el CO2 para 2025 para aquellos vehículos dedicados principalmente al transporte de mercancías y cuyo peso no supere las 3,5 toneladas, como una medida de respuesta ante la situación de conflicto en Oriente Medio.

El decreto también incluye actualizaciones relacionadas con la ley que acompaña a los Presupuestos, como la revisión del impuesto sobre depósitos de residuos controlados y los criterios de cálculo para el canon del agua.

Finalmente, en el sector educativo, el Govern ha dado luz verde a un programa de cooperación financiera con los entes locales, asignando hasta 100 millones de euros a obras de reformación y mejora de los centros educativos. Además, ha acordado asegurar que los entes locales recibirán en 2026 la misma cantidad en ingresos de la Generalitat que en 2025, a través del Fons de Cooperació Local de Catalunya, garantizando así su estabilidad en un contexto de prórroga presupuestaria.