Cataluña destina 216 millones a apoyar a empresas y 154 millones para impulsar energías renovables en respuesta al conflicto bélico.

BARCELONA, 24 de marzo. El Consell Executiu ha dado luz verde a un ambicioso paquete de medidas por 400 millones de euros para mitigar el impacto económico derivado del conflicto en Oriente Medio. De esta suma, 216 millones se destinarán a apoyar a empresas, 154 millones se invertirán en iniciativas de energía renovable, y 30 millones se asignarán a familias en situación de vulnerabilidad.

La consellera de Territorio y portavoz de la Generalitat, Sílvia Paneque, ha afirmado en una conferencia de prensa posterior a la reunión del Consell que este es solo un primer paso. Además, ha subrayado la disposición del Govern para ajustar estas ayudas en función de la evolución del conflicto y los desafíos que puedan surgir en el futuro.

Paneque también destacó la colaboración con los grupos parlamentarios y agentes sociales, cuyos aportes han sido clave para la configuración de este paquete inicial. “La mayoría de sus sugerencias han sido integradas en nuestras propuestas”, indicó la portavoz, mostrando gratitud por el diálogo establecido.

Del conjunto de ayudas económicas, los 216 millones estarán orientados a proteger el tejido empresarial catalán mediante tres estrategias: la concesión de financiación, ayudas directas y modificaciones en la fiscalidad. Este enfoque integral busca ofrecer un respaldo sólido a los sectores más golpeados por la crisis.

Entre las iniciativas, se lanzará 'Lidera internacionalització', una línea de financiación conjunta del Institut Català de Finances (ICF) y Acció, destinada a proyectos que fomenten la internacionalización de empresas. Asimismo, se implementarán préstamos bajo la línea 'Línia Emergències-Orient Mitjà' para autónomos y empresas, así como una nueva convocatoria para la financiación del ICF en Agroliquiditat.

Las ayudas directas estarán condicionadas a la conservación de empleos y abarcarán desde la ampliación de las subvenciones para la creación de filiales en el extranjero hasta apoyo para empresas exportadoras afectadas por el aumento de precios en logística, garantizando así la estabilidad en momentos difíciles.

También se contemplarán ayudas para pequeños transportistas, autónomos y pequeñas y medianas explotaciones agrarias, en respuesta a la subida de los precios del combustible, junto a medidas para contrarrestar el alza en el costo de los fertilizantes.

En el ámbito fiscal, se propone la exención del impuesto sobre las emisiones de dióxido de carbono (CO2) para vehículos ligeros de transporte de mercancías, así como una suspensión temporal de pagos de tasas vinculadas a la titulación de pesca por un periodo de nueve meses.

El paquete destina 154 millones de euros a impulsar la transición energética, con una nueva línea de crédito para proyectos de energías renovables, un aumento en los recursos destinados a parques fotovoltaicos, y medidas para simplificar el proceso de obtención de licencias de autoconsumo. También se realizará un seguimiento del comportamiento de los precios del combustible, con la posibilidad de ajustar las medidas en función de su evolución.

Finalmente, los 30 millones de euros dirigidos a la protección de familias y trabajadores incluirán ayudas para hacer frente a situaciones de vulnerabilidad generadas por la crisis. Esto se complementará con un refuerzo del sistema de ayudas de emergencia social, destinado a cubrir necesidades básicas como alimentación y suministros, en colaboración con los ayuntamientos.

Ante el previsible aumento en la demanda de transporte público a raíz del incremento de los costos de combustible, se prevé potenciar la red de transporte por carretera y revisar los precios del transporte escolar, asegurando así una respuesta oportuna a las necesidades de la ciudadanía.