En un movimiento histórico para el transporte en Catalunya, los grupos parlamentarios PSC, Junts, ERC, Comuns y CUP han presentado formalmente el borrador de una nueva ley que cambiará drásticamente el panorama del sector. Este registro, que ocurrió el pasado jueves en el Parlament, marca el inicio de un proceso legislativo que, si avanza con éxito, permitirá que estas nuevas regulaciones entren en vigor en 2026.

Durante una conferencia de prensa, varios diputados, incluyendo a Jose Ignacio Aparicio del PSC, Salvador Vergés de Junts, Jordi Albert i Caballero de ERC, Lluís Mijoler de Comuns y Laure Vega de CUP, expusieron los detalles del proyecto de ley denominado "transporte de personas en vehículos de hasta 9 plazas". La iniciativa busca no solo regular el sector, sino también diferenciar claramente entre los distintos servicios de transporte, como taxis, vehículos de transporte con conductor (VTC) y nuevas modalidades como las limusinas.

Uno de los aspectos centrales de la normativa es el fortalecimiento del taxi como un servicio esencial que complementa el transporte público. La ley establecerá un régimen tarifario oficial y obligará a los taxistas a aceptar todos los servicios a menos que existan razones justificadas para rechazarlo. Este cambio representa una apuesta clara por un transporte más equitativo y accesible.

Sin embargo, uno de los puntos más controversiales de la ley es la progresiva eliminación de los VTC. Las licencias de estos vehículos no se renovarán a medida que vayan caducando y solo se otorgarán permisos temporales en situaciones específicas, como cuando los taxis no puedan atender la demanda. Este enfoque busca equilibrar el mercado y proteger los derechos de los trabajadores del transporte.

Aparicio, del PSC, enfatizó la importancia de la unión de cinco partidos para llevar a cabo esta ley, subrayando su papel como herramienta de interés general. También se destacó la creación de un sistema informático que servirá para supervisar la operativa del sector y garantizar su correcto funcionamiento.

A pesar del consenso general, algunos diputados como Salvador Vergés de Junts expresaron su deseo de revisar ciertas partes del texto y asegurar que se protejan los derechos de los trabajadores de VTC durante la transición hacia el nuevo marco normativo. Por su parte, Jordi Albert de ERC reclamó el orgullo de su partido por haber originado esta iniciativa durante su mandato en la Generalitat, destacando la necesidad de un sistema de taxis ordenado y funcional.

Los Comuns, representados por Lluís Mijoler, también resaltaron la importancia de esta regulación para las comunidades rurales, donde los taxis representan una alternativa necesaria al uso de vehículos privados. Finalmente, Laure Vega de la CUP celebró que esta ley reconozca la lucha de los taxistas y se interponga a las prácticas laborales abusivas asociadas a la economía de plataformas.

Tito Álvarez, portavoz de Élite Taxi, intervino en la rueda de prensa para calificar esta ley como "pionera a nivel mundial". Afirmó que el éxito de esta regulación es fruto de las constantes movilizaciones de los taxistas y el diálogo constructivo con los partidos políticos. Álvarez expresó su deseo de que los conductores de VTC encuentren su lugar en esta nueva estructura como taxistas, bajo las mismas condiciones y reglamentaciones.

A pesar del apoyo general, surgió un debate en torno a un requisito que contempla la necesidad de un nivel B1 de catalán para los nuevos conductores. Algunos miembros del parlamento, en particular de Junts y ERC, han sugerido que este nivel debería ajustarse a B2. En respuesta, Mijoler, de Comuns, argumentó que lo esencial es tener los recursos adecuados para implementar la ley, mientras que Aparicio del PSC destacó que con un conocimiento básico del catalán (B1) ya sería suficiente.