Un grupo de trabajadores del sector de vehículos de transporte con conductor (VTC) ha presentado una propuesta alternativa que busca promover medidas sostenibles y potenciar la movilidad en Catalunya.

En una conferencia de prensa en Barcelona, José Manuel Berzal, presidente de Unauto VTC, afirmó que el colectivo no se rendirá ante el inminente proyecto de ley del Govern que amenaza con eliminar gradualmente los VTC en la región. Berzal fue acompañado por José María Cazallas, del Sindicato Libre de Trabajadores (SLT), donde ambos denunciaron lo que consideran un ataque a sus derechos laborales.

La propuesta de los VTC incluye la formación de flotas de vehículos con etiqueta de Cero Emisiones, la opción de viajes compartidos mediante VTC o taxis, así como la eliminación de restricciones que imponen mínimos de tiempo de espera y longitud de los trayectos.

“No nos dejaremos silenciar. Extendemos nuestra mano hacia la Administración, pero no toleraremos esta falta de respeto y abuso por parte de la conselleria de Territorio, que parece estar bajo la influencia del sector del taxi”, insistió Berzal durante el encuentro.

En el marco de su movilización, Cazallas anunció una concentración programada para el 23 de septiembre frente al Departamento de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica de la Generalitat. Este evento coincide con la reunión que se llevará a cabo entre el sector de VTC y representantes de la administración para discutir el anteproyecto de ley que podría transformar el panorama del transporte en Catalunya.

Ambas organizaciones argumentaron que la eliminación de los VTC en el Área Metropolitana de Barcelona implicaría un coste de 325 millones de euros, además de la pérdida de aproximadamente 6.000 empleos directos e indirectos. “Si la legislación permitiera operar a plena capacidad las 3.700 licencias de VTC en Catalunya, podríamos generar hasta 445 millones de euros y crear alrededor de 10.500 empleos”, matizaron.

El impacto económico también se traduce en la reducción de salarios, con una estimación de 126 millones de euros menos en nóminas, mientras que se preveería gastar 55 millones en prestaciones por desempleo, en caso de que se aprobara la nueva ley.

Berzal también destacó que, incluso si se permitiera la autorización de más vehículos VTC en zonas urbanas, no se lograría un equilibrio entre la oferta y la demanda. "No estamos buscando saturar Barcelona con vehículos innecesarios, pero no podemos ignorar que todavía hay insatisfacción entre los usuarios", argumentó.

De cara a futuras acciones, Berzal mencionó la posibilidad de recurrir a instancias judiciales tanto en Catalunya como a nivel estatal y europeo, donde la Comisión Europea estaría siguiendo con atención los desarrollos del debate legislativo en el Parlamento catalán.

Cazallas, por su parte, alertó sobre las consecuencias que tendría la ley en un segmento de la población vulnerable, incluyendo jóvenes, personas mayores y migrantes recién regularizados que han encontrado en el sector VTC una fuente de ingresos. “No buscamos ayudas del gobierno, solo la libertad para operar y coexistir con los taxis, que es lo que verdaderamente necesita Barcelona”, concluyó.