A partir del próximo 1 de febrero, se comenzarán a imponer sanciones de hasta 500 euros para aquellos usuarios que no cumplan con las nuevas regulaciones establecidas en la ordenanza de movilidad de Barcelona.

Desde este jueves y hasta finales de febrero, un grupo de aproximadamente 20 informadores del Ayuntamiento de Barcelona estará trabajando para difundir las recientes modificaciones a la ordenanza de circulación, que afecta tanto a viandantes como a vehículos. Esta normativa, aprobada a finales de noviembre de 2024, recibió el apoyo del PSC, ERC y BComú, mientras que el PP optó por la abstención y Junts y Vox votaron en contra. Enmarcada dentro del Pla Endreça, la ordenanza busca garantizar la seguridad en las aceras, así como regular el uso de vehículos de movilidad personal (VMP), como patinetes y monociclos eléctricos.

Adrià Gomila, director de servicios de Movilidad de Barcelona, ha declarado a los medios que, al mismo tiempo que se llevará a cabo la campaña de información, a partir del 1 de febrero se iniciará una campaña de control por parte de la Guàrdia Urbana, que estará facultada para imponer multas de hasta 500 euros a quienes no respeten la normativa.

Gomila ha señalado que una de las cláusulas más relevantes es la restricción de velocidad para los VMP: si un dispositivo supera los 25 kilómetros por hora, se clasifica como un vehículo de categoría L, similar a una moto, y conlleva requisitos distintos. Esta medida buscará una mayor seguridad en las vías públicas, especialmente en zonas con alta afluencia de peatones.

Entre las reformas más destacadas, se encuentra la obligatoriedad del uso de casco para los usuarios de VMP y la prohibición de que estos, así como las bicicletas, circulen por las aceras. No obstante, hay excepciones: se permitirá que los niños de hasta 12 años puedan recorrer las aceras en bicicleta bajo la supervisión de un adulto, así como aquellos menores de 14 años o adultos que transporten menores en calles sin carriles bici.

Con la entrada en vigor de esta normativa, estará prohibido estacionar motocicletas en las entradas de escuelas y hospitales, así como en aceras de menos de 3 metros de ancho o en áreas que dificulten el acceso a contenedores o estén cerca de aparcamientos de bicicletas. Las sanciones por estas infracciones oscilarán entre 50 y 500 euros.

Los patinetes eléctricos, junto con otros VMP, estarán obligados a circular exclusivamente por carriles bici o por vías donde el límite de velocidad no supere los 30 kilómetros por hora, manteniendo una velocidad máxima de 25 kilómetros por hora. Aquellos que no se adhieran a esta normativa podrán enfrentarse a multas de hasta 500 euros a partir de febrero.

Además, se establece que todos los VMP deben contar con luces delanteras y traseras, y su uso estará restringido a una sola persona por vehículo y a individuos mayores de 16 años. La normativa también prevé que los ciclistas deben desmontarse en situaciones de aglomeración, y se prohíbe atar bicicletas a árboles, farolas, bancos, contenedores y otros elementos del mobiliario urbano.

Se permite que las motos, bicicletas y patinetes eléctricos utilizados para el reparto de mercancías accedan a los espacios designados para cargas y descargas, sin embargo, se prohíbe su estacionamiento en carriles bici durante este tipo de actividades, con sanciones establecidas en 200 euros.

Hasta finales de febrero, los informadores llevarán a cabo una campaña de difusión de estos cambios distribuyendo tarjetones a los usuarios y a los responsables de tiendas de alquiler de bicicletas en los diez distritos de la ciudad. También habrá una presencia significativa en los medios de comunicación, y Gomila ha comentado que se evaluará si esta campaña debe extenderse en función de los resultados obtenidos.