En la provincia de Barcelona, se ha generado un gran debate entorno a los impactos económicos relacionados con la decisión de la Generalitat de suprimir las licencias para pisos turísticos. Esta eliminación ha llevado a la Associació d'Apartaments Turístics de Barcelona (Apartur) a reclamar la asombrosa cifra de más de 4.280 millones de euros en concepto de responsabilidad patrimonial.

En una reciente rueda de prensa celebrada en el Col·legi de Periodistes de Catalunya, su presidente, Enrique Alcántara, dio a conocer que esta cifra corresponde a los perjuicios ocasionados en 7.200 pisos que son administrados por un conjunto de propietarios y gestores en la región. Alcántara mencionó que la demanda ha sido formalmente presentada ante la conselleria de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica, que dispone de un plazo de seis meses para ofrecer una respuesta.

El dirigente de Apartur destacó que esta normativa, la cual es conocida como Decreto Ley 3/2023, ha hecho retroceder un sector que había alcanzado una regulación y normalización pionera en la materia. Además, destacó que las aportaciones fiscales de estos pisos turísticos a la administración son significativas, alcanzando los 160 millones de euros al año, una suma comparable al presupuesto del Ayuntamiento de Barcelona destinado a vivienda.

Adicionalmente, Alcántara expresó sus preocupaciones sobre cómo esta política impactará el turismo en la ciudad, señalando que se eliminará el 40% de las plazas turísticas disponibles: “No podemos permitirnos perder ferias ni grandes congresos”, enfatizó. Esta situación genera incertidumbre entre los involucrados y plantea serias preguntas acerca del futuro del sector turístico en la capital catalana.

Aparte de los perjuicios económicos inherentes, la suma reclamada incluye no solo los ausentes ingresos de los propietarios, sino también las inversiones previamente realizadas para habilitar los apartamentos y las indemnizaciones que las empresas gestoras deberán proporcionar a sus empleados afectados por despidos, lo que, según estimaciones de los sindicatos, podría afectar a unas 5.000 personas que trabajan en áreas como limpieza, lavandería y mantenimiento.

A pesar del fuerte impacto que representa la eliminación de las licencias, Alcántara recordó que los pisos turísticos constituyen apenas el 1% del stock de vivienda en Barcelona, lo que coloca en perspectiva la noción de que cerrando estos 10.000 apartamentos se solucionará el problema general de la vivienda en la ciudad.

En su intervención, propuso una alternativa: “Que la totalidad de la recaudación de la tasa turística se destine exclusivamente a políticas de vivienda pública”. Esta propuesta busca fusionar el impulso del turismo con la urgencia de la crisis de vivienda que enfrenta la ciudad.

A pesar de las demandas y negociaciones, Apartur aún no ha podido sentarse a discutir la problemática directamente con los líderes políticos de la Generalitat, Salvador Illa, y el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni. Los representantes de la asociación han manifestado que esta iniciativa estatal representa un discurso engañoso, que sugiere que el turismo es la causa de la crisis de vivienda, cuando en realidad camufla la falta de propuestas reales y efectivas para abordar la situación.

La problemática ha escalado desde que el 16 de septiembre presentaron su primera cifra, que ascendía a 3.000 millones de euros en Barcelona y 7.000 millones en el contexto de Catalunya. Ahora, con el aumento a 4.280 millones, quedan aún por contabilizar otros pisos que no se han vinculado a la asociación, ni aquellos que se encuentran en otras demarcaciones de la región.

Alcántara advirtió que estas medidas podrían acabar perjudicando a pequeños propietarios y pymes del sector, consolidadas a lo largo de los años, al entregar las riendas del mercado a grandes tenedores. En este sentido, hizo un llamado a la Generalitat para que incluya a los pequeños arrendadores en la discusión sobre el futuro del turismo en Barcelona.

Entre los propietarios afectados, Toni Gragera, quien posee dos pisos turísticos en la ciudad, expresó su oposición a las nuevas regulaciones, afirmando que estas medidas impactarán negativamente su situación financiera al impedirle contar con ingresos que considera justos por su inversión. Gragera también subrayó que operar un piso turístico le genera, en promedio, tres veces más que un alquiler convencional, además de ofrecerle una gestión más sencilla y menos preocupaciones.