La Oficina Antifrau de Catalunya ha decidido cerrar el caso relacionado con la denuncia presentada contra el Ayuntamiento de Barcelona por la polémica compra de la Casa Orsola. El director de la oficina, Miguel Ángel Gimeno, argumentó que no se encontraron indicios de delito en las actuaciones del consistorio.

De acuerdo con la resolución a la que tuvo acceso Europa Press, el ayuntamiento contó con una serie de informes jurídicos y económicos que respaldan la legalidad del proceso de adquisición, realizado en colaboración con la Fundació Hàbitat 3.

La denuncia inicial señalaba varios puntos de posible irregularidad, incluyendo el coste elevado de la operación, la falta de una justificación clara para la compra y la sospecha de delitos como la malversación de fondos públicos, así como sobornos y tráfico de influencias.

Sin embargo, el dictamen de la Oficina Antifrau afirma que los informes a favor de la operación desvirtúan cualquier alegación de actividad delictiva por parte de los funcionarios del ayuntamiento.

Gimeno concluyó que cualquier duda que pudiera surgir sobre la legalidad del proceso debe ser considerada como un asunto administrativo que debe resolverse por la vía correspondiente, ya sea administrativa o contenciosa.