En el marco del juicio que se lleva a cabo en la Audiencia de Barcelona, el alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, ha defendido su inocencia en relación con el caso que investiga la instalación de antenas de telefonía móvil en una comisaría de la ciudad, supuestamente sin la licencia correspondiente. Albiol, del Partido Popular, alegó que si le hubieran señalado irregularidades en dicho caso desde 2012, habría tomado las medidas necesarias para corregir la situación.

Durante su declaración que se extendió por 51 minutos y que se realizó este lunes, el alcalde respondió a las preguntas formuladas por las distintas partes del juicio, donde ya han declarado tres de los seis acusados implicados en el proceso. Junto a Albiol, figuran en la lista de acusados otros funcionarios locales, entre ellos el exconcejal de Seguridad Ciudadana, Miguel Jurado, y el gerente de Urbanismo, Xavier Salvà.

En su intervención, Albiol explicó que durante su mandato, que se extendió de 2011 a 2015, había delegado competencias a subalternos, afirmando que el control de la legalidad no era una de sus prioridades. “Era un detalle en el que yo no entraba”, subrayó, refiriéndose a la gestión de las licencias de obras y la supervisión de la legalidad en las intervenciones urbanísticas.

La Fiscalía sostiene que, en julio de 2012, un responsable de Vodafone se comunicó con el director de Tecnología de la Información del Ayuntamiento para discutir la posibilidad de instalar una estación base de telefonía móvil en Turó d'en Caritg. El director de Tecnología habría entonces derivado a la empresa al gerente de Engestur, una entidad municipal encargada de gestionar este tipo de proyectos.

Según se ha expuesto en el juicio, Albiol autorizó a Vodafone a proceder con la instalación en la comisaría, pero lo hizo sin emitir una resolución formal que legitimara dicha acción. La Fiscalía argumenta que tanto él como otros funcionarios sabían que el lugar no era adecuado para la instalación de estas antenas, lo que habría requerido de una licencia municipal, ambiental y urbanística.

Las antenas, que contaban con tres paneles direccionales de 10 metros, comenzaron a operar sin los permisos pertinentes, lo que generó malestar entre algunos miembros de la Guardia Urbana de Badalona, quienes elevaron sus quejas a través de un sindicato. Posteriormente, en diciembre de 2012, se permitió que Vodafone se conectara a la red eléctrica de la comisaría sin que la empresa compensara al Ayuntamiento por el consumo eléctrico, que ascendió a más de 8.300 euros, monto que finalmente asumió el consistorio.

Entre 2013 y 2015, las antenas continuaron su funcionamiento sin que se formularan ningún tipo de sanciones por parte de los acusados, según argumenta la Fiscalía. Albiol, en su defensa, relató un incidente en el que reaccionó ante obras no autorizadas en un local municipal, enfatizando que él y su administración habrían actuado ante cualquier irregularidad si hubieran tenido conocimiento de ella.

El alcalde también se pronunció sobre las dificultades de un cargo como el suyo para supervisar todas las gestiones administrativas en una ciudad de gran envergadura como Badalona, indicando que es impracticable estar al tanto de todos los movimientos de las distintas dependencias del gobierno local.

A pesar de la gravedad de las acusaciones, Albiol ha manifestado que no recuerda haber recibido preguntas sobre las posibles implicaciones de las antenas en relación a la salud pública, a pesar de que agentes de la Guardia Urbana sí plantearon inquietudes sobre las radiaciones que pudieran emitir.

En un punto en particular, el alcalde refirió que las antenas estaban escondidas en un área de difícil acceso, afirmando que para verlas la gente tendría que desplazarse específicamente hacia ese rincón, lo que contribuyó a su declaración: “No forman parte de mi curiosidad visual”.

También testificó Tomás Vizcaíno, quien se encargaba de la gestión en el área de urbanismo, alegando que nunca autorizó la instalación de las antenas y que solo se enteró de su colocación mucho tiempo después. Furioso por la situación, aclaró que tuvo conocimiento de los hechos durante un evento social, donde le notificaron que debía declarar acerca de las denuncias surgidas.

Por su parte, Miguel Jurado, exconcejal, también defendió su papel durante el período de las instalaciones, argumentando que la gestión de las licencias era un protocolo que no le competía, añadiendo que confió en la coordinación de las distintas áreas involucradas en la administración municipal.

En cuanto a las penas, la Fiscalía ha solicitado casi tres años de prisión para Albiol, así como una inhabilitación de diez años y una multa de 9.000 euros. Para los otros acusados la petición es de un año y medio de cárcel, considerando que participaron como cooperadores en las irregularidades expuestas. Además, exige que todos los implicados indemnizan al Ayuntamiento con más de 17.448 euros, solicitando también que Vodafone y Movistar cubran parte de los gastos originados.