Un alarmante 60% de los reclusos en las prisiones catalanas enfrenta algún tipo de trastorno mental, como revela un estudio de la Conselleria de Salud. Esta situación ha cobrado relevancia tras un serio incidente que tuvo lugar en el Centre Penitenciari Quatre Camins, donde dos internos agredieron a otro utilizando elementos de gimnasio como armas.

Xavier Bosch, abogado de A.R., uno de los presuntos agresores, ha compartido con Europa Press que su cliente es un “interno vulnerable” que padece una discapacidad reconocida y serias afecciones psiquiátricas documentadas por informes médicos, motivo por el cual se recomendó su traslado a un centro psiquiátrico especializado.

La defensa argumenta que la violencia en esta ocasión era evitable y que ya se había alertado sobre la deteriorada salud mental de A.R., indicando que su permanencia en un entorno penitenciario inadecuado suponía un riesgo significativo. Se solicitó su ingreso en una unidad terapéutica, o al menos en la enfermería de la prisión, bajo vigilancia constante.

Datos de la Conselleria de Justicia confirman que aproximadamente seis de cada diez reclusos en Catalunya manifiestan problemas de salud mental. Adicionalmente, en este 2023, se ha brindado atención a 263 personas con discapacidad intelectual, lo que representa un 2,7% del total de la población carcelaria, según lo expuesto en el último informe de la Sindicatura de Greuges.

Iñaki Rivera, profesor de Derecho Penal y director del Observatorio del Sistema Penal y de Derechos Humanos, critica la creciente conversión de las prisiones en “depósitos de personas con trastornos mentales y diversas patologías”. Recuerda que las penas privativas de libertad deberían imponerse solo a quienes tengan la capacidad plena de entender la culpabilidad de sus actos, sugiriendo que, en caso contrario, se deben adoptar medidas de seguridad adecuadas, como el internamiento en hospitales psiquiátricos.

El encarcelamiento, según Rivera, puede agravar las condiciones mentales de los internos, en ocasiones debido al consumo de drogas en prisión, lo que provoca un "deterioro sobrevenido" durante su condena. Sostiene que el tratamiento de estas personas debería llevarse a cabo fuera del sistema penitenciario, donde se les protege de sanciones disciplinarias que solo aumentan su sufrimiento.

Los efectos del sistema penitenciario son devastadores, no solo para los reclusos, sino también para sus familias y los funcionarios, quienes son testigos del deterioro que sufren internautas atrapados en un ciclo de crisis. En relación a la reciente agresión en Quatre Camins, fuentes del entorno penitenciario aseguran que esto era algo que podría ocurrir, especialmente en el Departamento de Atención Especializada, creado con la intención de atender casos como este.

Aunque actualmente este departamento recibe a internos con discapacidad intelectual, la atención puede ser insuficiente, según un funcionario. Asegura que es difícil de entender por qué se insiste en mantener un modelo que no se adapta a las necesidades de los reclusos más vulnerables, a pesar de la clara falta de recursos y dotaciones necesarias.

Las mismas fuentes advierten de un incremento en los problemas de salud mental en las prisiones, aunque no pueden determinar si esto se debe a un aumento en las diagnósticos o a otros factores como el uso de drogas. Este último, mencionado como un posible desencadenante de la agresión reciente, ha llevado al interno involucrado a ser trasladado al Departamento de Régimen Cerrado (DERT).

La defensa de A.R. enfatiza que el traslado a un centro psiquiátrico no tiene como objetivo evadir la responsabilidad penal, sino asegurar que la pena se cumpla en un ambiente que respete la salud y promueva la reinserción, tal como establecen los artículos 95 y 96 del Código Penal.

Bosch subraya que garantizar condiciones dignas y efectivas es crucial para evitar situaciones violentas en el futuro y ha solicitado una investigación que aclare las posibles negligencias administrativas relacionadas con el incidente y las alertas previas no atendidas.

Finalmente, el abogado ha instado a la implementación de protocolos para proteger a los internos de alta vulnerabilidad, evitando que personas que no son violentas se vean forzadas a comportamientos destructivos debido a un sistema penitenciario que a menudo prioriza el castigo sobre la rehabilitación.